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Ernesto Jiménez
Economista y Comunicador social.

El sistema de pensiones en República Dominicana

agosto 03, 2018
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“Tenemos que desarrollar los fondos de pensiones… y hacerlo combinando la protección pública con el impulso y el respeto a la iniciativa de cada persona”. Mariano Rajoy

El sistema de pensiones es un mecanismo, dentro del marco de la seguridad social, para proteger a los trabajadores en sus años de menor productividad, donde la reducción de sus fuerzas físicas e intelectuales dificultan la generación de ingresos. Este sistema de protección social busca garantizar la estabilidad económica del trabajador retirado, ya sea por vejez o enfermedad, mediante el pago de un salario para jubilados —temporal o de por vida— que usualmente es llamado pensión, seguro o subsidio.

Debido a su relevancia para el bienestar económico nacional, la pensión del trabajador es un elemento troncal de todo sistema de protección social, por lo que, no está libre de debates en ningún lugar del mundo. Inclusive, este seguro laboral ha sido establecido como un derecho fundamental para los seres humanos, en tanto que, es una herramienta que protege de las crueles garras de la miseria y el hambre a gran parte de la humanidad.

A través de los años, en República Dominicana se han instituido diversos esquemas para proteger los ingresos de los trabajadores, lo cual, se puede constatar a través de múltiples leyes y resoluciones que se han emitido al respecto. Sin embargo, es a partir de 1947, mediante la ley 1317 cuando se establece un sistema de pensiones con el propósito de brindar cobertura a todos los empleados del gobierno central, cuyas pensiones se entregaban por disposición del Poder Ejecutivo. Un año más tarde, en 1948, se crea el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), mediante el cual se administraron las pensiones de los empleados del sector privado.

En ambos ámbitos —público y privado— se utilizó el sistema de reparto de carácter público. Esta es una modalidad de pensión en la que se crea un fondo común en donde los empleados activos, junto al Estado, realizan aportes periódicos para pagar los salarios de los trabajadores retirados. De esta forma, fue posible financiar el retiro de los envejecientes e inhabilitados.

Ahora bien, luego de 6 décadas empleando este sistema de reparto, los resultados fueron preocupantes y contraproducentes, ya que, independientemente de las dificultades estructurales que tienen este tipo de sistemas para autofinanciarse, en el caso dominicano, esto se vio agravado por la corrupción e ineficiencia atroz del Estado para administrar dichos fondos. Tanto la IDSS y el Gobierno Central prohijaron una serie de inconvenientes que terminaron minando las posibilidades de garantizar una pensión digna a los trabajadores. Entre estas profundas precariedades se destacaron una baja afiliación que, por ejemplo, para el año 2000 apenas alcanzó el 27 % de la fuerza laboral, sueldos paupérrimos en las pensiones otorgadas, escaso número de trabajadores mayores de 60 años registrados (9.6 %) y, para colmo de males, recaudaciones extremadamente bajas, lo que evidentemente, hizo insostenible al sistema.

Este escenario desolador convenció a las distintas fuerzas sociales de que era necesario abandonar el sistema de reparto y, en cambio, buscar alternativas que viabilizaran un esquema de seguridad social más eficiente y sostenible. En este sentido, la respuesta del Estado fue la adopción del sistema de capitalización individual, en el cual, cada afiliado es propietario de una cuenta donde se depositan sus aportes personales, los cuales, junto a los aportes del empleador, garanticen que al momento de su retiro, éste pueda contar con una pensión cuyo monto girará en función a una ponderación de su esperanza de vida y sus fondos acumulados durante sus años de trabajo.

Estos aportes o cotizaciones de los empleados afiliados al sistema son administrados por instituciones financieras, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas empresas, acorde a estadísticas suministradas por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), han logrado desde el 2003 hasta la fecha, afiliar a cerca del 75 % de los trabajadores empleados, logrando a su vez, fondos acumulados (2003-2016) que superan los 300 mil millones de pesos. Este incremento se debió, en un 44 %, a la rentabilidad obtenida por las inversiones de las AFP y el 56 % restante gracias a los aportes de los trabajadores y empleadores.

Hasta el momento, las AFP están cumpliendo una función preponderante en los esfuerzos por construir un sistema de pensiones eficiente y sostenible, que asegure un uso eficaz y prudente de estos recursos ahorrados por los ciudadanos. Sin embargo, el sistema enfrenta importantes desafíos que, mediante reformas estructurales, deberán ser abordados para garantizar una vejez sin traumas financieros para todos los trabajadores dominicanos.  

 

Ernesto Jiménez / El autor es economista y comunicador.

 

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