Santo Domingo.- El abogado José Rafael Ariza denunció que la juez Margarita Reyes Paulino, del juzgado de paz de Boca Chica, se inventó documentos, que es una falsificación grave, al emitir una sentencia en un caso de apoderamiento de desalojo por falta de pago.

Explicó que apoderaron a la magistrada para desalojar a una vendedora de un local comercial, aquilado con derecho a compra, que se negó a emitir los recibos con comprobantes fiscal, que obliba la ley, que generó un conflicto.

Indicó que ante la situación la compradora se negó a pagar porque la vendedora no quería generar los recibos con comprobantes fiscales y que entonces iba a perder debido a que tenía que tributar dos veces.

“Incluso se le hace una consulta a la DGII y dice tiene que generar el recibo con comprobante fiscal”, manifestó.

El abogado José Rafael Ariza sostuvo que el local comercial fue adquirido mediante la modalidad del contrato de opción a comprar que consiste el pagar el alquiler y el inmueble.

Indicó que la jueza Margarita Rayes Paulino explica en su sentencia, página 11, que la demanda es inadmisible si no se deposita la certificación del Banco Agrícola que dice que la persona no ha depositado el pago ahí.

Añadió que es inadmisible también si no encabeza su demana con una sentencia del Banco Agrícola de que el contrato de alquiler está allí depositado.

“Y continua diciendo esta otra parte depósito los documentos y lo describe, describe los documentos, aquí está esto, aquello, pero ahí no hay nada del Banco Agrícola, pero dice más adelante: Este tribunal ha comprobado, yo vía dice ella, que están esos documentos, pero ¿Dónde están?, o sea esa juez llegó a inventarse que existen unos documentos. Eso es una falsificación grave, eso es una falsificación grave, porque es una falsificación intelectual, porque ella dice que lo vio, y si lo vio tienen que estar en el expediente”, argumento.

El jurista sostuvo que no sólo los documentos no están ahí sino que hay una certificación contraria que dice que la depositaron ellos y que la parte contraria no ha depositado contrato del Banco Agrícola, ni han hecho los depósitos correspondentes a lo que se le entregó a ellos.

Sostuvo que esa demanda es inadmisible, establecido por la ley por lo que un juez no debe ni siquiera recibir eso.

José Rafael Ariza señaló que otra falla gravísima de esa sentencia es que dispone la ejecución provisional y sin fianza, no obstante cualquier recurso, que tampoco en materia de desalojo, por falta de pago por lo que fuere, no se dan sentencias ejecutorias, salvo de que sea un intruso.

“Enonces si usted está anulando un contrato, no puede decir que es ejecutoria no obstante cualquier recurso. Y algo más, ello lo trata como si fuera un intruso, habían tres contratos y se depositaron tres contratos, y ¿Cuál de los tres contratos fue que usted anuló?, o lo anuló los tres y no se refiere a ningunos. O sea es una barbaridad lo que esa jueza ha hecho”, adujo.

Dijo que la compradora en alquiler pagaba 2,500 dólares mensuales y que el conflicto inició cuando exigió comprando fiscal por lo que la vendedora se negó y sometió una demanda en desalojo por falta de pago.

Rafael Ariza indicó que sometió el caso de la jueza Margarita Reyes Paulino ante el Consejo del Poder Judicial.

Expresó que un caso de rescisión de contrato debería terminar con una sentencia y que hubo una actuación cuestionable de la magistrada se vió en la obligación de hacer la denuncia.

Sostuvo que expuso el caso en El Sol de la Mañana porque como el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció medidas de profiláxias, y que incluso prohigió a los jueces que se reunan con los abogados a cenar y a otras cosas, que estaba hace mucho en el Código de Ética, para una mejor impartición de justicia.