SANTO DOMINGO.- Los abogados Guido Gómez Mazara y Domingo Rojas Pereyra depositaron en la Fiscalía del Distrito Nacional una “querella con constitución en actor civil” contra el economista Andrés Daujhare, de quien dicen “jugó un papel sospechoso” durante el proceso de licitación de la planta Punta Catalina”.

Los dos juristas exigen que se investigue “el rol, operaciones, actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora ODEBRECHT” a favor de Dauhajre, quien fue contratado como asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles,  dicen en un documento que un reciente reportaje de la periodista Alicia Ortega revela “manejos y ventajas” en una operación en la que Dauhajre terminó ganando más de 3 millones de dólares” bajo el status de “contratado” por Odebrecht.

Argumentan que ello ocurrió meses antes de ganar una licitación que dependía de opinión institucional del economista.

Opinan que “su relación laboral con una entidad pública cae dentro del ámbito de responsabilidad del PEPCA, pero desafortunadamente la extraña pasividad de dicha entidad, nos colocó en la situación de depositar por ante la procuradora fiscal del Distrito Nacional todo el expediente”.

Aducen que “han sido los mismos delatores de todo el proceso de ODEBRECHT los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos.

Dicen que en el caso de Punta Catalina, es necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción,  porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra”

Gómez Mazara y Pereyra consideran contraproducente con los “resultados”, la aparición de un “contratado” que, a pesar de que no logró el objetivo acordado, fue remunerado con sumas millonarias.

Mencionan en su expediente la adquisición por parte de Dauhajre de un inmueble en la calle 135 west de la ciudad de Nueva York, adquirido por la compañía Baker Street Financial, mediante una operación inmobiliaria documentada y cuyo origen está “en los fondos pagados por ODEBRECHT”.

“De ahí que dichas maniobras caben perfectamente en el ámbito del Código Penal cuando aborda el Soborno o Cohecho desde el artículo 177 hasta 183, y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, sin olvidar que el órgano coordinado por la Magistrada Guerrero faculta en su artículo 4 decreto 324-07 su responsabilidad de accionar cuando se actúa contra el interés del Estado y Patrimonio Público”.