Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) aseguró este miércoles que en el juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez y comparte, acusados de estafar al Estado con más de 5,000 millones de pesos, habrá una condena. 

El presidente de esa institución, Julio Cesar de la Rosa Tiburcio, dijo que la delación de los imputados que lograron acuerdos con el Ministerio Público, más la devolución de 200 millones de pesos, permitirá que en este caso se podrá probar la responsabilidad de los demás en el entramado.

"Con eso evidentemente tendremos una sentencia en el juicio de fondo, porque la delación tiene su importancia, aunque tiene que someterse a la controversia, porque si Pagán delató que él entregó y que él recibió, él tiene que demostrar en qué momento hizo esa entrega y recibió eso. O sea, tiene que documentar su testimonio", precisó.

Al ser entrevistado vía telefónica en el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM y el grupo RCC Media, De la Rosa Tiburcio entiende que en esta primera fase se dio un paso importante en este caso, ya que el Ministerio Público iniciará el juicio de fondo con mayor fortaleza, porque tiene una condena civil y los jueces tendrán los mecanismos de establecer una sentencia por el precedente que representan los testimonios.

El también abogado, se mostró partidario de que el Ministerio Público continúe empleando las delaciones premiadas y apoyo de imputados en casos de corrupción para que pueda lograr ganancia de causa al acogerse a ese principio de oportunidad.

"La delación premiada es la forma de poder construir casos que puedan servir en el futuro de ejemplo y es con la delación, porque a veces las pruebas que se obtienen no se valen por sí misma. Si no hay una auditoría, si no hay una comprobación de que realmente se incurrió en ese ilícito penal, de manera deliberada, pero también que dejara evidencias y como todo crimen no dejan evidencias a las que se puedan obtener con mucha facilidad", añadió De la Rosa Tiburcio.

En otro orden, el presidente de ADOCCO saludó la disposición del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, que ordenó al Ministerio Público eliminar la etiqueta o sobrenombre “pulpo” con la cual denominó a la investigación de la red que supuestamente encabezaba Alexis Medina Sánchez, por considerar que con ella se violan derechos fundamentales de los 47 imputados (26 personas físicas y 21 jurídicas).

"Es una práctica que lamentablemente el Ministerio Público como representante de la sociedad, que no solamente es del Estado, ha hecho una interpretación errada por parte del Ministerio Público, porque va precisamente contra el ciudadano que merece la protección del Estado, y eso es una violación fragrante al derecho a la dignidad de la persona", dijo De la Rosa Tiburcio.   

Sobre el Caso

El juez Deiby Timoteo Peguero dictó auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez, y los demás encartados de presuntos actos de corrupción, fijando para el 21 de marzo la lectura íntegra de la sentencia. 

El magistrado también mantuvo la medida de coerción que pesa en contra de algunos de los imputados, quienes se encuentran en su mayoría bajo arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, garantía económica e impedimento de salida.

Igualmente, impuso medida de coerción real a los imputados que fueron enviados a juicio por el delito de lavado de activos, imponiendo suma millonaria, incluyendo Medina Sánchez, quien deberá pagar RD$30 millones, mientras que RD$20 millones a Lina Ercilia de la Cruz Vargas y a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco; y RD$10 millones a Víctor Marías Montero, los únicos imputados de Lavado de Activos.

Además, van a juicio la hermana de Medina Sánchez, Carmen Magalys; el expresidente del Fonper, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el excontralor de la República, Rafael Germosén Andújar; el exfiscalizador de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christofer; José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, Libni Arodi Valenzuela Matos, asimilada militar y propietaria de la Clínica Cemeraf; Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Montes de Oca Vásquez, exembajador adscrito a la Cancillería.

También Francisco Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Antonio Florentino Méndez, José Miguel Genao Torres, María Isabel Torres Castellanos, Fulvio Cabreja Gómez, y José Idelfonso Correa Martínez.

En esta nueva etapa del proceso buscarán convencer a de su inocencia aun tribunal colegiado, cosa que no pudieron lograr durante diez meses de debates ante el juez de primera instancia.

Mientras que Juan Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, son los nombres de cuatro imputados que han logrado arreglos por una pena menos severa a cambio de cumplir las condiciones manifestadas por el Ministerio Público, tras este acuerdo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.