La Vega.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Ascención Burgos, defendió este miércoles la base jurídica de los contratos para los trabajos de intervención que se realizan en la autopista Juan Pablo Duarte, en los cuales se han realizado varias adendas y renegociaciones, ya que el gobierno decidió transformarla en una segura y moderna vía que incluye otras obras aledañas.
Dijo que la última gran intervención en la referida vía se realizaron entre los años de 1996-1997, pero que para el 2005 se otorgó el contrato 478 por un monto de RD$1,475 millones para rehabilitar la calzada desde Santiago a Santo Domingo, en un solo sentido de vía, y para el 2019 se le hace una adenda a ese convenio para agregarse en los trabajos en trayecto Santo Domingo-Santiago.
El funcionario explicó que esta nueva negociación incrementó los trabajos en RD$2,389 millones, llevando el contrato original con esa primera adenda a RD$3,865 millones, solamente para la remoción del asfalto.
Ascención Burgos habló del tema en el programa especial de El Sol de la Mañana desde la plaza comercial y retorno de La Penda, entre La Vega y Santiago, donde indicó que esas renegociaciones fueron legales a pesar de que la adenda sobrepasaba el 25% del monto inicial de los trabajos, pero eso fue posible porque el contrato original no estaba regido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Manifestó que al llegar al MOPC en el 2020 se pudo dar cuenta de que esos trabajos estaban detenidos y que el alcance de lo propuesto eran insuficientes para lo que necesitaba la vía y por eso el 21 de julio de 2021 se hace otra adenda de extensión de vigencia del contrato y que en esa fase no implicó ningún monto adicional.
"Lo que convenía era establecer que íbamos a asumir el contrato y que se iban a continuar los trabajos. Éramos consciente y era, si se quiere, una especie de declaración de intensión de que íbamos a seguir trabajando con ese contrato. Sabíamos que esos montos no iban a alcanzar ni siquiera para lo que estaba planteado, que era la remoción del asfalto", precisó el ministro.
Indicó que mientras realizaban nuevos estudios en la vía se produce la Ley 118-21, la cual se elaboró para poder concluir una cantidad importante de obras, en su mayoría escuelas, que estaban inconclusa y en especie de un nulo legal, porque habían sobrepasado la adenda del 25% del valor y eso las mantenía paralizadas, sin poder pagarles a los contratistas.
Ascención Burgos sostuvo que con la Ley 128-21 se pudo dar una dispensa transitoria para pasar del 25% y hacer un nuevo presupuesto que permitiera que el objeto de la obra pudiera hacerse sin limitación.
Expresó que con referencia a la citada Ley, el MOPC solo incluyó cuatro obras, unas de estas son los trabajos de intervención integral a que es sometida la autopista Duarte, que aunque se podían realizar al amparo del contrato original, pero por sugerencia de legisladores de la región del Cibao y para agilizar las ejecutorias se determinó incluirla en este nuevo mecanismo legal.
Para mayo de 2022, con los estudios y los nuevos presupuestos, se elabora una tercera adenda del contrato que incluye los siguientes trabajos: la remoción de 400 kilómetros del drenaje de la vía, habilitación de 19 retornos, ampliación a seis desde Las 7S hasta Santiago de los Caballeros y la extensión desde ahí hasta Navarrete, reconstrucción de la carretera Controba-San Francisco de Macorís.
Además, los trabajos abarcan la remoción del peaje del kilómetro 28 al kilómetro 32 de la autopista Duarte, la construcción de 12 elevados y 11 puentes, el acondicionamiento del kilómetro 9, entre otros, con lo cual alcanza un monto de inversión global de RD$11,760 millones.
El funcionario informó también que en estos momentos los contratistas están sometiendo una solicitud de revisión de precios para mantener el equilibrio económico por el impacto que han tenido los materiales de construcción, donde se estima que el aumento ronda entre un 30% y un 35%.
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