Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, expresó en A Diario que hay que ver “¿cuál es la solución?” que la Policía Nacional y el Ministerio Público no pueden incautar equipos de sonido en colmados, vehículos y viviendas sin una orden judicial dispuesto por el Tribunal Constitucional y que eso cargará a los jueces.

Sostuvo que hay que ver ¿cuál es el nuevo método? y que siguen haciendo su trabajo.

Especificó que la fiscalía es más bien un brazo operativo de la contaminación sónica que compete a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente que encabeza Francisco Contreras.

“Entonces, nosotros lo que siempre le hemos servido a él es como brazo operativo”, acotó.

Rosalba Ramos expresó que cuando reciben la denuncia y se percatan que tienen incidencia en el conflicto social y la violencia,  hacen operativos.

Dijo que se llevan de las denuncias del 911 sobre el ruido, notifican, se juntaban con los comunitarios, propietarios de negocios, explican las leyes y dejan una constancia.

Precisó que después de un mes o mes y medio, verifican las denuncias en 911 y las reuniones con los comunitarios y que los que estaban en violencia y hacían el procedimiento de lugar y ponían multas o sometían si procedía y hasta sierra de negocios.