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La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización inmediata de las actividades vinculadas al Proyecto Romero, en la provincia San Juan, generó una reacción negativa en los mercados bursátiles canadienses. La medida impactó el valor de varias empresas mineras con operaciones o intereses en República Dominicana.
El anuncio se produjo tras semanas de protestas sociales y ambientales en la zona, lo que incrementó la incertidumbre sobre la viabilidad de proyectos extractivos en el país. Como resultado, los inversionistas registraron pérdidas significativas en un corto período.
La empresa GoldQuest Mining Corp., promotora del Proyecto Romero, fue una de las más afectadas. Sus acciones cerraron en 1.61 dólares canadienses, con una caída cercana al 17% en la jornada y una pérdida acumulada del 25.5% en la última semana.
La magnitud de la baja llevó a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá a suspender temporalmente su cotización, luego de que las acciones registraran pérdidas superiores al 19% durante una sesión. La negociación fue reanudada al día siguiente.
Antes de la decisión gubernamental, la empresa había alcanzado una capitalización bursátil cercana a 900 millones de dólares canadienses. Tras la caída, su valor de mercado se redujo a un rango estimado entre 550 y 700 millones, lo que representa una disminución aproximada de entre 200 y 350 millones de dólares canadienses.
La reacción del mercado también afectó a otras empresas del sector. Precipitate Gold Corp. experimentó la caída más pronunciada, con un desplome del 57,3 % en una sola jornada, al pasar de 0,48 a 0,20 dólares canadienses por acción.
En el transcurso de una semana, esta empresa ha perdido cerca del 65 % de su valor bursátil. Su capitalización pasó de aproximadamente 108 millones de dólares canadienses a un rango estimado de entre 60 y 90 millones, lo que implica pérdidas de entre 40 y 50 millones.
Precipitate mantiene proyectos en República Dominicana, incluyendo iniciativas en San Juan y en la provincia Sánchez Ramírez, lo que explica la sensibilidad de sus acciones ante decisiones regulatorias locales.
