José Luis Ábalos
El magistrado Leopoldo Puente ha decidido retirar el pasaporte, prohibir la salida del país y establecer comparecencias quincenales ante el Tribunal Supremo para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras su declaración este jueves como investigado, al haber obtenido el suplicatorio del Congreso.
Al finalizar su comparecencia en el caso Koldo, el juez dictó un auto en el que señala que «persisten los indicios de la posible comisión de diversos delitos penales» que «podrían abarcar, al menos» los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sin mencionar la malversación, como había hecho en ocasiones anteriores.
Puente indica que estas medidas «resultan necesarias, dada la particular gravedad de los hechos delictivos que se le atribuyen, con el objetivo de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda eludir la acción de la justicia en el futuro y que comparecerá en la causa cuando sea requerido».
Asimismo, añade que «también son plenamente proporcionadas ya que solo limitan de forma ligera e indispensable el ejercicio de su libertad de movimiento», especialmente considerando que, como declaró su abogado, «Ábalos no tiene planes ni necesita realizar ningún viaje al extranjero».
El juez ha tomado esta decisión a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido las medidas cautelares argumentando que existen indicios de criminalidad, una petición a la que se ha sumado la acusación popular del PP, que coordina a las otras seis partes personadas.
La defensa, por su parte, se opone a estas medidas al argumentar que no hay indicios de criminalidad, dado que Ábalos compareció de manera voluntaria en la causa, y que al carecer de cualquier tipo de bienes en el extranjero, no existe riesgo de fuga.
Se trata de las mismas medidas cautelares que pesan sobre otros dos investigados, el empresario y presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y el exasesor del exministro, Koldo García.
Ábalos afirma que su patrimonio está limpio
Durante la comparecencia, que duró 40 minutos, Ábalos respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa, limitándose principalmente a ratificar lo dicho en su declaración voluntaria del 12 de diciembre, en la que negó haber recibido comisiones y rechazó señalar a miembros del Gobierno o del PSOE.
Según fuentes jurídicas, el exministro ha reiterado que su patrimonio es limpio y que no posee productos financieros ni sociedades, a la espera de la conclusión de un informe pendiente de la UCO al respecto.
Además, ha desmentido categóricamente las últimas acusaciones de Aldama sobre los apartamentos que supuestamente alquiló para encuentros con mujeres prostituidas, en los que ubicó a Ábalos, Koldo y al ministro Ángel Víctor Torres.
El juez también le preguntó sobre la llegada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en enero de 2020. Ábalos afirmó que no sabía quién estaba en el avión de Barajas y que desconocía que no podía ingresar al país, especialmente cuando tenía una reunión programada con la vicepresidenta.
Asimismo, el magistrado preguntó a Ábalos sobre un chalet en Perú que, según explicó el exministro esta semana en X, no es una vivienda, sino un centro social en Chimbote registrado a nombre de una antigua fundación -Fiadelso-, de la que fue presidente hasta 1998.
En este contexto, el exministro indicó que el terreno continúa a su nombre, pero que esta situación es circunstancial debido a que la fundación no poseía personalidad jurídica.
Por otro lado, el magistrado ha desestimado el recurso de Ábalos contra el auto que ordenó una investigación patrimonial sobre él y su hijo, y acordó citar a 17 testigos en las próximas semanas.
