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El abogado Eduardo Núñez afirmó este martes en El Sol de la Mañana que el llamado lawfare, o guerra jurídica, no debe verse como un fenómeno nuevo, sino como una práctica histórica en la que el proceso penal puede ser utilizado con fines políticos o de control del poder.
Durante su comentario, Núñez explicó que el lawfare suele entenderse como la persecución penal utilizada con fines políticos, pero planteó que existen antecedentes históricos mucho antes de los casos recientes vinculados a figuras como Rafael Correa o Luiz Inácio Lula da Silva.
El jurista comparó esa lógica con prácticas de la Santa Inquisición, al señalar que en aquel contexto la acusación de herejía era considerada tan grave que terminaba justificando la reducción o suspensión de garantías. A su juicio, algo similar puede ocurrir hoy cuando, bajo consignas como la lucha contra la corrupción o contra la impunidad, se relativiza el debido proceso.
Núñez sostuvo que en algunos procesos modernos se produce una inversión de la presunción de inocencia, donde el acusado queda obligado a demostrar públicamente que no es culpable antes de que exista una sentencia. Según dijo, las filtraciones mediáticas contribuyen a crear esa percepción, convirtiendo a los medios y redes sociales en una especie de tribunal paralelo.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue que, en la sociedad dominicana, la sola acusación muchas veces funciona como una condena anticipada. Núñez sostuvo que la presunción de inocencia no es una cortesía jurídica, sino una garantía creada precisamente para contener el instinto social de creer que toda persona acusada ya hizo algo.
El abogado advirtió que el poder puede equivocarse, mentir o actuar movido por intereses, por lo que el debido proceso existe para impedir que una imputación sea tratada como verdad definitiva.
También cuestionó el impacto de los juicios mediáticos, al señalar que en las redes sociales y en algunos espacios de comunicación no existen reglas de prueba, derecho de defensa ni recursos efectivos. Según explicó, en ese escenario un rumor puede tener el mismo peso que una sentencia y, aunque luego una persona sea descargada, el daño reputacional puede permanecer.
Núñez planteó que en el país se ha formado un “triángulo” integrado por el Ministerio Público, una parte de la prensa y sectores de la sociedad civil. Según su análisis, el Ministerio Público produce imputaciones y necesita cobertura; una parte de los medios amplifica filtraciones y construye narrativa de culpabilidad; mientras sectores de la sociedad civil aportan legitimidad moral al presentar cada acusación como una victoria ciudadana.
El abogado cuestionó si esos mismos actores examinan con igual rigor las irregularidades procesales, las posibles coacciones a testigos, las filtraciones de expedientes o eventuales abusos dentro del órgano persecutor.
En ese sentido, planteó una pregunta de fondo: quién vigila a los vigilantes. Para Núñez, si las instituciones y sectores que denuncian corrupción política no observan también la corrupción institucional dentro del sistema de persecución penal, el equilibrio del Estado de derecho queda comprometido.
El jurista dejó planteado otro debate: si en un Estado de derecho puede hacerse justicia cometiendo actos injustos. Preguntó si es válido perseguir una infracción, sin importar su gravedad, violando la Constitución o sacrificando garantías fundamentales.
Al referirse a otros países, citó casos como los de Baltasar Garzón en España y Sergio Moro en Brasil, a quienes presentó como ejemplos de figuras judiciales que incurrieron en prácticas populistas y luego terminaron enfrentando sanciones o pérdida de prestigio.
Núñez afirmó que en países como Colombia o Estados Unidos existen consecuencias más severas cuando un fiscal oculta pruebas o actúa de forma irregular, incluyendo procesos penales y anulación de procedimientos. En contraste, consideró que en República Dominicana el régimen de consecuencias es más débil y se limita, en muchos casos, a eventuales demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado.
El abogado también se refirió al contexto dominicano y dijo que, a su entender, el uso intensivo del lawfare comenzó a verse con fuerza en procesos penales recientes, donde se tomaron figuras políticas relevantes como objetivo de persecución judicial.
Núñez advirtió que si cada cambio de poder trae consigo un deseo de venganza o retaliación judicial, el país podría entrar en una dinámica peligrosa. Por eso defendió la necesidad de frenar esa lógica y construir un sistema en el que incluso los acusados de los crímenes más graves reciban las garantías que establece la Constitución.
