El debate pone al desnudo la incoherencia de las políticas de orden público en República Dominicana. Mientras la Embajadora de los Estados Unidos da una lección de humildad y cercanía en el colmado "La Venganza", las autoridades locales son acusadas de extralimitarse con prohibiciones que violan libertades fundamentales. La tesis central denuncia una "justicia de clases": se persigue el ruido en el barrio y el río de Cambita, pero se ignora en los escenarios de élite. Además, se expone la crisis en la fiscalía de San Cristóbal, donde el desacato a las órdenes de libertad domiciliaria revela que algunos funcionarios se creen por encima de la Constitución. En conclusión, la seguridad ciudadana no se logra prohibiendo el gozo del pobre, sino aplicando la ley con igualdad para todos.
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