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Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont

julio 12, 2018
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elpaís

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser entregado a España pero solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, la más grave de las acusaciones que pesaban sobre él.

El tribunal alemán que debía decidir sobre su entrega ha emitido su decisión esta mañana y ha dejado libre a Puigdemont de los cargos que pesan sobre el resto de dirigentes independentistas catalanes presos en España. 

La extradición solo se hará efectiva cuando la apruebe la fiscalía alemana. En todo caso, la decisión no es firme y fuentes del equipo jurídico de Puigdemont han indicado a este diario que planean recurrir la decisión al Tribunal Constitucional alemán para rebatir también la existencia de malversación, pero que la primera valoración es “muy positiva”. 

"Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. ¡Lucharemos hasta el final, y ganaremos!", ha escrito Puigdemont en Twitter. El presidente catalán, Quim Torra, ha considerado que es "una gran noticia". "Demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. Será en Europa donde ganaremos", ha tuiteado el president.

“La acusación de malversación de fondos públicos es aceptable, la extradición por la acusación de rebelión no es aceptable”, indica en un comunicado el tribunal que lleva el caso, el del Estado federal de Schleswig Holstein, donde fue detenido el pasado 25 de marzo cuando entró en territorio alemán procedente de Dinamarca.

En contra del criterio de la fiscalía regional alemana, el tribunal considera que Puigdemont no debe ingresar en prisión, ya que no existe riesgo de fuga. La Fiscalía de Schleswig Holstein es ahora la encargada de ejecutar la decisión del tribunal. De momento, no hay fechas previstas para dicha ejecución. Pese al criterio divergente, la fiscalía no puede recurrir la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. En España solo se le podrá juzgar por el delito por el que se le extradite.

El delito de malversación está castigado con hasta 12 años de cárcel, mientras que para los cabecillas de una rebelión la ley española contempla penas de entre 15 y 25 años.

El tribunal alemán no ha aceptado las argumentaciones del juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, que insistía en extraditar al líder independentista por el delito de rebelión, el mismo por el que permanecen en prisión preventiva otros dirigentes catalanes como el exvicepresidente Oriol Junqueras.

Ese delito es similar al definido en la legislación alemana como alta traición. “Las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana”, alega la nota del tribunal del norte de Alemania. “La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzado durante los altercados”, añade, en abierta discrepancia con los argumentos del Supremo español. Y añade: “Puigdemont aspiraba solo a la celebración del referéndum […] tampoco ha sido el incitador de la violencia”.

El tribunal superior de Schleswig Holstein considera así que no concurre la violencia necesaria para aplicar el artículo 81 del código penal alemán, el correspondiente al delito de alta traición, equiparable a la rebelión del ordenamiento jurídico español.

El tribunal Superior indica que “los choques violentos, en particular en centros de votación y contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, no adquirieron la dimensión como para amenazar seriamente el orden constitucional español”.

Aunque el tribunal reconoce en su nota que es posible castigar los que planean u organizan actos violentos, sostiene sin embargo que es necesario que la persona que respalde dichos actos los haya conocido y aprobado. Eso no sucedió en este caso, según la justicia alemana.

En su decisión preliminar, el tribunal ya interpretó que era aplicable un precedente jurídico de principios de los ochenta en la que se desestimó la rebelión durante unas protestas en contra de la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Explicó entonces el tribunal, que la violencia debe ser suficiente como para doblegar la voluntad del órgano constitucional.

El tribunal, en cambio, sí tiene en cuenta los argumentos presentados por Llarena sobre el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es esa actuación la que sustenta el delito de malversación. “En relación a la malversación, las autoridades españoles han visto comprensiblemente una corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargo de fondos públicos”. El veredicto final, aclara el tribunal, corresponde a la justicia española.

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo al norte de Alemania, tras cruzar la frontera con Dinamarca. Tras su detención, Puigdemont ingresó en la prisión de Neumünster, de la que salió en libertad bajo fianza el pasado 5 de abril tras descartar el tribunal en una decisión preliminar la acusación de alta traición. La justicia alemana sí aceptó tramitar en cambio la solicitud de extradición por malversación. La Fiscalía General del Estado de Schleswig Holstein ha respaldado sin embargo hasta el final las acusaciones del Supremo español al considerar que Puigdemont debía ser extraditado por ambos delitos.

Hace dos días, ocho meses después de hacerse cargo de la causa abierta contra la cúpula independentista catalana, el juez Llarena dio por concluido el sumario del procés. Llarena dejó a 18 procesados a las puertas del juicio, que previsiblemente se celebrará a finales de 2018 o principios de 2019. Antes de cerrar la investigación, el juez ordenó suspender como diputados a Puigdemont, Junqueras y los otros cuatro parlamentarios procesados por rebelión que están en prisión (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez).

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