Tonatiuh Guillén López, quien fungía como titular del Instituto Nacional de Migración de México, renunció este viernes al cargo, informó la institución.

"El día de hoy el Comisionado del Instituto, Dr. Tonatiuh Guillén, presentó su renuncia al cargo, en respetuoso oficio dirigido al Lic. Andrés Manuel López Obrador", se lee en un breve comunicado. 

Renuncia tras el acuerdo

La renuncia de Guillén López llega una semana después de que la Administración de López Obrador firmó un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump, en el que se compromete a endurecer su política migratoria para evitar el flujo de migrantes a EE.UU. a cambio de la suspensión de aranceles a productos locales, como quería Trump.

La estrategia del Gobierno mexicano contempla el despliegue del Ejército y la Marina por aire, mar y tierra en 23 cruces fronterizos al sur de la nación latinoamericana, en lo que ha sido visto por opositores de López Obrador y activistas como el verdadero 'muro' de Donald Trump.

En el acuerdo firmado entre los dos países, se establece también que EE.UU. extenderá inmediatamente la instrumentación de la sección 235(B)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que establece que todas personas extranjeras que lleguen al país desde fronteras terrestres, sin regular documentación, serán regresadas a México.

"Aquellos que crucen la frontera sur de EE.UU. para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo", se lee en el acuerdo conjunto.

Inversión en Centroamérica

Ante el incremento de los flujos migratorios provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador impulsados, principalmente, por la pobreza e inseguridad, el Gobierno de México busca convencer a EE.UU., principal país objetivo de las personas migrantes, para invertir 10.000 millones de dólares en lo que ahora es denominado como un 'Plan Marshall' de Centroamérica.

Hasta el momento, solo hay un proyecto de desarrollo en El Salvador que fue acordado con el Gobierno de EE.UU. por 350 millones de dólares. 

De no lograrse los objetivos del plan, México buscaría un acuerdo regional en el que participarían los gobiernos de Brasil, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, en el que se prevé el retorno de solicitantes de asilo a los países de la zona, según información de la agencia del Estado mexicano.