Con el encarcelamiento de Lula y su épica entrega a las autoridades para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción, surge el dilema de si la justicia del gigante sudamericano es un referente de transparencia y eficiencia que actúa sin influencia del gobierno, de los empresarios y los poderes fácticos, o, por el contrario, si la Diosa Temis de la justicia brasileña se quita la venda de los ojos e inclina la balanza hacia aquellos que no bailan la zamba de los poderes fácticos e intereses foráneos.

En el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial del año 2017, Brasil está entre los países de América Latina mejores posicionados en el ranking de independencia judicial, solo superado por Chile y Costa Rica, por ende, cabe colegir que las sentencias de los jueces se sustentan en argumentos jurídicos, no en intereses políticos. 

Empero, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff -por alegadas maniobras fiscales para cubrir programas sociales departe de un Congreso seriamente cuestionado- parece darle otro matiz a la actuación de la justicia.

¿Por qué luego de destituida, ningún juez inició una investigación y presentó una acusación formal contra la ex mandataria? ¿Qué explica que el Congreso no actuó con la misma severidad con su sucesor, Michel Temer, quien, a pesar de haber sido denunciado por corrupción pasiva, lavado de activos y asociación criminal, logro mantenerse en el poder, contrario a su predecesora? ¿Cómo es posible condenar a 12 años de prisión a Luis Inácio Lula da Silva, por haber recibido supuestamente por concepto de soborno un lujoso apartamento de la constructora OAS, sin que se presenten elementos de prueba que demuestren que la propiedad realmente le pertenece?

Todo luce indicar que el plan es destruir a los principales líderes del Partido de los Trabajadores (PT) e impedir por la vía judicial que quien lidera las encuestas para las elecciones de octubre de este año -Lula- regrese al Palácio do Planalto, a reemprender las reformas económicas, institucionales, políticas y sociales que permitieron ascender en función social a más de 30 millones de personas

Acertó Juan Bosch cuando afirmó que hay momentos históricos en que un pueblo tiene a la vez líderes revolucionarios y líderes contrarrevolucionarios; unos al servicio de las clases y las capas más bajas que reclaman una revolución y otros al servicio de las clases y las capas más altas que imponen la contrarrevolución a cañonazos. En Brasil, los sectores contrarrevolucionarios cambiaron los cañones por un método más efectivo en democracia: la judialización de la política.