A uno le parece encomiable y muy conveniente para la transparencia, la institucionalidad y la mismísima democracia dominicana, que ciudadanos de a pie, periodistas que investigan, simples cibernautas o los mismísimos adversarios de los partidos gobernantes, denuncien posibles actos de corrupción de parte de los servidores públicos.

Sin embargo, una denuncia no puede ser convertida en una condena mediática a través de la aplicación de lo que el profesor argentino Darío Villarruel -en su libro del mismo nombre- llama (IN) justicia mediática. Ni  “ciudadanos de a pie, ni periodistas, ni cibernautas ni los adversarios políticos o empresariales del partido gobernante”; sólo los tribunales de la República tienen la encomienda y el poder constitucional para decidir quién es culpable y quién inocente.

En el caso de la ministra de la juventud, -a quien no tengo el gusto ni el disgusto de conocer-, lo justo sería que ante las graves denuncias en su contra, ella sea suspendida en sus funciones, y que la instancia correspondiente en el Ministerio Público determine su suerte que, según los resultados de las indagaciones, podría incluir la cancelación y hasta el sometimiento a la justicia.

Es aquí donde uno, -porque sabe bien que  para un buen juez “la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, y lo que no está en un expediente no existe”-, celebra que sea Miriam Germán y no otra, la procuradora general de la República. Y es que, la Germán representa la garantía de que al fin se hará justicia sin apellido, alejada de la Feria de la Paz esa (IN) justicia mediática que tanto puede dañar la verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, pues, no es en los medios de comunicación ni en las redes sociales donde se ganan o se pierden los casos, sino en los tribunales. A falta de justicia, que llegue la protesta, no la sustitución. No somos jueces.

Dicho lo anterior, es buen momento para recordar y recordarnos que la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos ciudadanos, no solo existen para ser aplicados EXCLUSIVAMENTE a los denunciados/investigados que gozan de los beneficios de nuestra amistad o nuestro agradecimiento.

El mediático fusilamiento moral desprestigia la lucha contra la corrupción, hiriendo de muerte a una justicia que, durante años, ha ido por la vida como el tango... “sola fané y descangallada”. Entonces, que sea por ella.