“Con la reforma fiscal integral que se pondrá en vigencia después de junio, se iniciará el proceso de reducción de la presión acumulada en las cuentas fiscales por exceso de gastos sobre los ingresos, mientras es necesario extremar la política de abaratar la deuda en dólares y alargar su vencimiento, los agentes económicos y el mercado de capitales lo asimilan como parte de la consolidación fiscal”. Arturo Martínez Moya, en artículo  HOY, 14 de diciembre.

Al día siguiente participé en un almuerzo del grupo RCC Media, con el presidente Luis Abinader, y le pregunté si esa categórica  afirmación del  reconocido miembro de su equipo económico y miembro de la Junta Monetaria, significaba que estaba decidida una reforma fiscal para mediados del 2021, a lo que el mandatario respondió que lo que podríamos tener para ese momento es el inicio de la discusión de un ajuste que todos sabemos necesario.

El jueves, en un documento titulado “Pandemia, reactivación económica y sostenibilidad de la deuda”, el Banco Central  formula estas aseveraciones:

“Pocos temas en economía atraen más discusión entre economistas, empresarios y la opinión pública en general, que el endeudamiento de los gobiernos, y más en la República Dominicana. Este tema toma ahora aún más relevancia debido a la situación creada por la crisis pandémica del COVID-19, que unida a la pérdida de ingresos fiscales con la necesidad incrementar el gasto público para apoyar la economía, han provocado un aumento del endeudamiento en todos los países. 

“En el caso específico de la República Dominicana, no es la primera vez que una crisis provoca un aumento en el nivel de endeudamiento. Como mostramos a continuación en la Figura 1, la deuda pública consolidada (DPC) alcanzó su máximo histórico de 83% del PIB en 1987, en un entorno de crisis económica que afectó toda Latinoamérica. Luego de una importante reducción, como fruto de la expansión económica de la década de 1990, la crisis financiera dominicana hace que la deuda pública incremente nuevamente desde 21.9% del PIB en 2002 hasta 46.9% del PIB en 2004. En la actualidad, la crisis del COVID-19 ha resultado en una caída de la actividad económica—estimada con el IMAE enero-octubre en -7.7% interanual—que, junto a las medidas fiscales implementadas para apoyar a las empresas, a los hogares, y a los trabajadores, han implicado adiciones presupuestarias que podrían colocar el nivel de deuda dominicana alrededor de 68.1% del PIB a final de 2020”. 

Tras explicaciones muy bien ponderadas pasa al leitmotiv, que no es otro que plantear que hasta el momento los títulos de las deuda dominicana gozan de buena ponderación por las principales calificadoras, pero que estas aguardan por lo que se hace imprescindible: una reforma fiscal:

“Por otro lado, las tres agencias calificadoras citadas anteriormente coinciden en señalar que el principal desafío económico dominicano es la aprobación de una reforma fiscal, lo cual redundaría favorablemente en la calificación crediticia y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento. Ciertamente, en los últimos años, la economía dominicana ha mantenido un déficit estructural del sector público no financiero (SPNF) estable, que promedió 2.1% del PIB durante el quinquenio 2015-2019. Pero, la crisis generada por la pandemia podría colocar el déficit del SPNF por encima de 9% del PIB en 2020 debido a las medidas tomadas, las cuales han sido siguiendo recomendaciones de organismos internacionales”.  

Esto avizora que el ajuste fiscal está caminando, ojalá no se intente sorpresivamente.