El artículo 10 de la Constitución de la República Dominicana “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”. El mismo artículo establece que “Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura” para asegurar el desarrollo de la zona. En adición a este mandato constitucional, desde el año 2001 existe la ley 28-01, que define una serie de incentivos para impulsar el desarrollo en las comunidades fronterizas y que a su vez originó el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, apoyado en una Oficina Técnica encargada de ejecutar las políticas y lineamientos establecidos por este organismo. Y si no fuera suficiente con esta declamatoria de apoyo jurídico a la Frontera, hay que destacar el compromiso asumido por el actual Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, unos meses antes de ganar las elecciones del 2012, cuando declaró que “los habitantes de la Línea Noroeste y la Zona Fronteriza recibirán especial atención gubernamental por tratarse de regiones deprimidas en las que la pobreza debe ser reducida para evitar la profundización de la inequidad social”. De mal en peor Cuando se examina la actual realidad de la Zona Fronteriza, caracterizada por el desamparo gubernamental, el crecimiento de la pobreza y la acentuada tendencia a la despoblación de las comunidades dominicanas, resulta claro que los propósitos expresados por la Constitución y las leyes y por el propio Presidente de la República, no han estado acompañados de la voluntad política y las iniciativas necesarias para propiciar el desarrollo de la zona. Lo que se advierte objetivamente junto a este proceso de empobrecimiento y acelerado éxodo poblacional, es que la mayoría de las comunidades campesinas abandonadas por los dominicanos que huyen de la miseria, están siendo ocupadas por migrantes haitianos que cruzan la línea fronteriza para trabajar agricultura de subsistencia o emplearse como trabajadores agrícolas. De acuerdo a un reciente reportaje del periodista Ruddy Germán Pérez en el periódico El Nacional, el proceso de sustitución de pobladores dominicanos por migrantes haitianos es tan dramático, que “en muchas comunidades los alcaldes pedáneos no saben hablar español, y los dominicanos que viven en esos lugares apenas alcanzan al tres por ciento de los habitantes. Y cita como ejemplo el caso de la comunidad de Mencía, en Pedernales, que fue abandonada poco a poco por los dominicanos, convirtiéndose prácticamente en un pueblo fantasma, hasta que los haitianos indocumentados comenzaron a darle vida con su presencia. El mismo fenómeno, de acuerdo a Ruddy, se ha dado en las localidades de Jaramillo, Judea, Isabel de Torres, El Gómez, La Cabuya, batey Madre y La Senita, de Montecristi. En este último poblado, 82 de las 83 viviendas están ocupadas por familias haitianas y la restante es propiedad de un dominicano casado con una joven haitiana. Pero si se requiere una condición especial que simbolice el desamparo de la Frontera, hablemos de la principal vía de comunicación de esta zona. Aunque la Constitución Dominicana postula el desarrollo turístico y productivo y resalta la importancia de la comunicación y la integración vial, el Estado total de abandono de los 65 kilómetros de la Carretera Internacional, entre Pedro Santana y Restauración, indica hasta ahora que ese compromiso del Estado Dominicano no está en la agenda del Gobierno. Sin embargo, el presidente Medina tiene las herramientas y el poder para demostrar lo contrario. (9 de julio 2014)