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El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) expresó su respaldo a la activación de la comisión establecida en la Ley 16-26, al considerar que representa un mecanismo clave para revisar, validar y dar respuesta a los expedientes de reclamantes que durante años han esperado el pago de obligaciones económicas pendientes por parte del Estado.
La entidad gremial valoró esta iniciativa como un paso importante para atender una situación que ha afectado a cientos de profesionales del sector construcción, cuyos reclamos han permanecido sin una vía institucional clara para su evaluación y resolución definitiva.
El CODIA señaló que la aplicación de la Ley 16-26 permite dotar de transparencia el proceso de revisión de deudas, garantizando que cada expediente sea analizado con el rigor técnico y jurídico correspondiente, conforme a la normativa vigente.
Asimismo, el gremio afirmó que la activación de la comisión fortalece la confianza de los reclamantes en las instituciones públicas, al establecer un espacio formal para la verificación de los casos y la determinación de los compromisos económicos que correspondan.
El CODIA explicó que la puesta en marcha de la comisión permitirá abordar de manera organizada los reclamos acumulados de ingenieros, arquitectos y agrimensores, quienes han esperado durante años una solución a sus pagos pendientes.
El gremio consideró que este proceso debe desarrollarse con criterios de transparencia, equidad y objetividad, para garantizar que cada expediente sea evaluado de forma justa y conforme a los procedimientos establecidos.
De igual forma, la institución expresó su expectativa de que los trabajos de verificación y análisis se ejecuten con la celeridad necesaria, a fin de ofrecer respuestas oportunas a los profesionales y empresas del sector construcción.
El CODIA reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en todo lo que contribuya a fortalecer los mecanismos de revisión y a garantizar la correcta aplicación de la Ley 16-26.
El gremio indicó que la correcta activación de la comisión contribuirá a generar mayor confianza entre los reclamantes y el Estado, al establecer reglas claras para la validación de las deudas y el seguimiento de los casos.
Asimismo, sostuvo que una gestión eficiente de este proceso permitirá avanzar hacia soluciones definitivas para las obligaciones económicas pendientes, reduciendo la incertidumbre que ha afectado al sector durante años.
El CODIA reafirmó que la Ley 16-26 constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia institucional y el orden en la gestión de los compromisos financieros relacionados con obras públicas y servicios profesionales.
Finalmente, la entidad reiteró su llamado a que el proceso continúe desarrollándose de manera sostenida, con voluntad institucional y apego estricto a la normativa, para beneficio de los profesionales del área y del fortalecimiento del sistema público.
