


Un tribunal del Distrito Judicial de La Altagracia condenó a 20 años de prisión a José Miguel Núñez, quien el año pasado asaltó con un arma de fuego al propietario de una tienda de ropa en Higüey. El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2025, alrededor de las 9:30 p.m., en la avenida Juan XXIII, según informó el Ministerio Público.
La nota detalla que Núñez, junto a otra persona aún no identificada, llegó armado a bordo de una motocicleta marca CG y cometió el robo agravado, introduciendo a la víctima dentro de la boutique frente a un testigo y despojándola de una cadena de oro de 14 quilates. Además, amenazó al propietario exigiéndole dinero antes de retirarse con su cómplice, quien lo esperaba en la motocicleta. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento.
Núñez fue acusado de violar los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Su arresto se ejecutó mediante orden judicial el 6 de mayo de 2025.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Surielly Guerrero Arache, mientras que los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez Cabrera llevaron el caso ante el Tribunal Colegiado de La Altagracia, integrado por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes ordenaron que Núñez cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey.
Las autoridades destacaron que la rápida acción del Ministerio Público y la recopilación de pruebas, incluyendo los videos de las cámaras de seguridad, fueron determinantes para demostrar la culpabilidad de Núñez y garantizar la justicia para la víctima. Asimismo, se enfatizó que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna contribuyeron al esclarecimiento del caso.
Por otro lado, el tribunal recordó que la sentencia busca enviar un mensaje de firmeza frente a los delitos con armas de fuego, subrayando la importancia de proteger a comerciantes y ciudadanos en general. La condena refuerza el compromiso del sistema judicial dominicano de sancionar de manera efectiva los crímenes que afectan la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.









