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El Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre hizo público un manifiesto en el que expone una serie de elementos que, a su juicio, debilitan la acusación presentada por el Ministerio Público en el denominado Caso Coral, al tiempo que advierte sobre posibles afectaciones al debido proceso y la seguridad jurídica.
El documento, presentado por los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez, señala que no pretende sustituir la decisión de los tribunales, sino explicar los argumentos planteados durante el juicio y sustentar la solicitud de absolución, así como el cese de las medidas de coerción.
Entre los principales puntos, la defensa sostiene que las imputaciones contra Cáceres carecen de precisión, al basarse en señalamientos generales sin individualizar hechos concretos. Asimismo, cuestiona el uso de supuestas nóminas que, según afirman, no están respaldadas por registros oficiales verificables.
De igual forma, argumentan que no se ha presentado evidencia bancaria que demuestre transferencias vinculadas al alegado esquema de desfalco, lo que, según indican, debilita uno de los pilares centrales de la acusación.
El equipo legal también señala inconsistencias en los testimonios, indicando que varios declarantes no pudieron identificar el origen de los fondos ni establecer vínculos directos con las instituciones señaladas.
Además, aseguran que auditorías clave habrían omitido controles logísticos existentes, mientras que algunos bienes presentados como ocultos, según la defensa, estaban debidamente declarados en documentación incluida en el propio expediente.
También cuestionan la supuesta relación con estructuras empresariales y asociaciones, señalando que en algunos casos las acusaciones se basan en informaciones no documentadas o testimonios indirectos.
La defensa argumenta que el análisis financiero presentado carece de trazabilidad suficiente para demostrar el origen ilícito de los recursos, y sostiene que se han intentado criminalizar operaciones ordinarias sin pruebas concluyentes.
En ese contexto, solicitaron la exclusión de varias pruebas por considerar que no cumplen con los criterios de objetividad, pertinencia e independencia, incluyendo peritajes cuya validez ha sido cuestionada.
El manifiesto concluye con una advertencia sobre las implicaciones del caso para el sistema de justicia, señalando que permitir procesos sustentados en pruebas débiles o imprecisas podría afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia.
“La lucha contra la corrupción solo fortalece a la República cuando se ejerce con rigor, limpieza y pruebas sólidas”, destaca el documento, al advertir que lo ocurrido en este proceso podría sentar precedentes para otros casos en el país.
