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El nuevo Código Penal, promulgado el 3 de agosto, incorporó más de 70 tipificaciones delictivas con el propósito de actualizar un régimen sancionador que se aplicaba en el país desde 1884.
Sin embargo, algunos legisladores advirtieron que ciertos apartados requieren revisión antes de que la norma entre en vigencia en los próximos 12 meses.
Uno de los puntos señalados es el “ultraje”, contemplado en los artículos 310 y 311. El diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), depositó un proyecto de modificación a la Ley Orgánica 74-25 para suprimir ambos artículos.
La figura tipifica como delito expresiones, gestos o escritos considerados contrarios a la dignidad personal y a la de las funciones de un servidor público, sancionando al infractor con hasta un año de prisión menor y multas equivalentes a dos o tres veces el salario del funcionario afectado.
Raposo sostuvo que esta disposición puede limitar la libertad de expresión en la República Dominicana. Recordó que el Estado es signatario de la Declaración de Chapultepec de 1994, que establece que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y que este derecho “no es una concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable del pueblo”.
En la misma línea, el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), anunció el 5 de agosto que presentará un documento de modificación.
“Entendemos que es excesivo, que cohíbe a los periodistas y a todo el mundo de expresar de manera libre (para) tratar que los funcionarios hagan mejor su trabajo”, expresó en declaraciones a la prensa.
También manifestó preocupación por la acumulación de penas para infracciones que, a su juicio, no comprometen la vida y resultan desproporcionadas.
