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El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, afirmó este martes que será posible bloquear la señal telefónica en los recintos penitenciarios del país.
Hernández Basilio destacó el apoyo del presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, para la implementación de esta medida, la cual busca reducir los delitos cibernéticos cometidos desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares.
Gómez Mazara informó que el proyecto ya inició su fase piloto en los centros penitenciarios de El Pinito (La Vega), Kilómetro 15 de Azua, Anamuya (Higüey) y Rafey (Santiago), donde se ha detectado una alta incidencia de crímenes organizados utilizando dispositivos móviles.
Al presentar sus memorias de gestión correspondientes al período 2020-2024, Hernández Basilio destacó los avances en la construcción y readecuación de nuevos centros penitenciarios, en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).
"Estas obras representan un paso fundamental en las mejoras que la sociedad dominicana ha demandado durante años en el sistema penitenciario del país", señaló el funcionario.
Indicó que su gestión ha priorizado la reinserción social de los privados de libertad mediante programas de educación, salud y terapias ocupacionales.
Entre los recintos que están en fase de terminación mencionó el de Pedro Corto, en la provincia San Juan; Las Parras, en Santo Domingo, y el Centro de Privación de Libertad Provisional de Higüey, en la provincia La Altagracia.
Añadió que estos son solo algunos de los centros que pronto serán inaugurados, lo que coloca al país en la ruta de solución de los problemas históricos del sistema penitenciario.
Durante la presentación de su rendición de cuentas en el salón Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hernández Basilio afirmó que las mejoras en la infraestructura penitenciaria no solo benefician las condiciones de vida de los internos, sino que también dignifican la labor del personal penitenciario.
En su discurso, y en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 1004, que obliga a los funcionarios a rendir cuentas, el titular de la DGSPC informó que más de 18,000 privados de libertad cuentan con seguro de salud a través del régimen subsidiado del Servicio Nacional de Salud (Senasa), además de acceso a una red de médicos generales y especialistas.
Resaltó que, gracias a los programas de educación, religión y deportes, más de 10,000 personas privadas de libertad han culminado sus estudios, desde el nivel básico hasta el universitario, fortaleciendo así su capacitación técnica.
Asimismo, destacó la reciente entrega de más de 7,000 certificaciones en 474 acciones formativas, a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), como parte de los esfuerzos para la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad.
