Te puede Interesar
Videos
El gobierno de Estados Unidos anunció una significativa disminución en el costo para quienes decidan renunciar a su ciudadanía, reduciendo la tarifa de 2,350 dólares a 450 dólares, lo que representa una caída de más del 80 %. La medida, divulgada por el Departamento de Estado en el Registro Federal, entrará en vigor a partir del 13 de abril.
Con este ajuste, el precio vuelve al nivel original establecido en 2010, cuando se fijó por primera vez un cobro para quienes optaban por abandonar la nacionalidad estadounidense. A pesar de la reducción, el proceso para renunciar a la ciudadanía sigue siendo complejo y prolongado: implica al menos dos entrevistas con funcionarios consulares, una revisión exhaustiva del caso y la firma de un juramento formal. Además, los solicitantes deben demostrar que comprenden completamente las consecuencias legales y financieras de su decisión, incluyendo la obtención del “certificado de pérdida de nacionalidad”, un trámite que puede tardar varios meses.
Las autoridades estadounidenses advierten que renunciar a la ciudadanía conlleva riesgos, como quedar en situación de apatridia o requerir visados para regresar al país. Durante años, organizaciones de estadounidenses residentes en el extranjero, como la Asociación de Estadounidenses Accidentales en París, criticaron los altos costos del trámite, calificándolos de excesivos. Su presidente, Fabien Lehagre, consideró la reducción como “una primera victoria”, aunque señaló que la lucha continúa para que la renuncia a la ciudadanía sea reconocida plenamente como un derecho fundamental.
Se estima que alrededor de 9 millones de ciudadanos estadounidenses viven fuera del país, muchos de los cuales enfrentan cargas fiscales incluso residiendo en el extranjero. Esto incluye la obligación de presentar declaraciones de impuestos y cumplir con estrictas regulaciones financieras, lo que a menudo complica la apertura de cuentas bancarias internacionales. Antes de 2010, renunciar a la ciudadanía era gratuito; posteriormente se estableció la tarifa de 450 dólares y, en 2015, se incrementó a 2,350 dólares debido al aumento de solicitudes y para cubrir costos administrativos, lo que generó críticas sobre la accesibilidad del proceso.
El Departamento de Estado reconoció que el elevado costo había sido una preocupación constante y que la reciente reducción responde, en parte, a las críticas recibidas y a los comentarios públicos desde 2023, cuando se propuso por primera vez regresar a la tarifa original. La decisión busca facilitar el acceso al proceso de renuncia y reducir la barrera económica que enfrentaban quienes deseaban ejercer este derecho.
