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Santo Domingo, RD.— La Fundación Institucionalidad y Justicia valoró como un acto de prudencia institucional la decisión de dejar sin efecto la resolución que contemplaba un aumento de beneficios para miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La posición fue fijada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien consideró que la medida se ajusta a los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho.
Decisión se ajusta a principios constitucionales
La entidad indicó que la resolución había generado cuestionamientos por su posible contradicción con el orden constitucional, especialmente en lo relativo a la regulación del gasto público y el rol de los órganos de control.
“Cualquier disposición que implique un beneficio económico directo para sus propios miembros debe observar estrictamente los principios de legalidad, razonabilidad y control del gasto”, sostuvo Castaños Guzmán.
Advirtió que decisiones sobre remuneraciones sin una habilitación normativa expresa pueden interpretarse como una extralimitación funcional.
Advierten riesgos para la institucionalidad
Asimismo, la organización señaló que este tipo de medidas podría afectar el principio de juridicidad, así como la imparcialidad de los órganos de control.
Destacó que el orden constitucional dominicano se sustenta en la separación de poderes y en mecanismos de supervisión que garantizan el correcto uso de los fondos públicos.
Finjus concluyó que la revocación de la resolución es jurídicamente pertinente y constitucionalmente necesaria, al evitar posibles vulneraciones a principios fundamentales del sistema institucional.
