Finjus valora aprobación del nuevo Código Penal, pero advierte sobre errores y derechos sacrificados

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró este martes la aprobación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que representa un paso importante hacia la modernización del sistema de justicia penal y su adecuación a los desafíos del contexto global actual.

No obstante, advirtió que el texto contiene errores y omisiones que chocan con principios constitucionales y deben ser corregidos.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, destacó que la nueva Ley 74-25 incorpora principios y normas clave para combatir la criminalidad, la corrupción en todas sus formas y fenómenos emergentes como la ciberdelincuencia, al tiempo que busca fortalecer la convivencia pacífica en la sociedad.

“Cuando todo parecía indicar que tendríamos que esperar un año más, el Congreso de la República ha aprobado un nuevo Código Penal que permitirá al sistema de justicia penal cumplir con el mandato constitucional de perseguir la delincuencia y la criminalidad nacional e internacional”, expresó Castaños Guzmán.

El jurista afirmó que Finjus reitera su respaldo a los órganos del sistema judicial —Ministerio Público, Poder Judicial y Defensa Pública— para que puedan implementar de forma eficiente las disposiciones del nuevo Código, y así responder mejor a las expectativas sociales frente al crimen y la corrupción.

Sin embargo, advirtió que, tras una evaluación preliminar del contenido de la nueva legislación, se identificaron derechos sacrificados y errores que entran en conflicto con la Constitución. En ese sentido, Finjus coincidió con el presidente Luis Abinader y sectores sociales que han señalado que el nuevo Código Penal es una pieza perfectible.

“El período de vacatio legis debe ser aprovechado para identificar las insuficiencias y ausencias que deben ser superadas en el plazo más breve posible”, sostuvo Castaños Guzmán.

La entidad anunció que emprenderá estudios y análisis técnicos que permitan sustentar propuestas de enmiendas al Código Penal, con el objetivo de afinarlo y garantizar su coherencia con los valores democráticos y el orden constitucional.

Finalmente, Finjus hizo un llamado a la comunidad jurídica, las universidades, el empresariado y la sociedad civil a sumarse al proceso de revisión, con el fin de construir un instrumento legal más robusto, inclusivo y justo.