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La Casa Blanca está considerando suspender el habeas corpus, una garantía legal que impide las detenciones arbitrarias, como parte de un nuevo intento por reforzar su política migratoria.
Stephen Miller, asesor cercano del presidente Donald Trump, explicó ante los periodistas que la Constitución autoriza esta suspensión "en tiempos de invasión", y señaló: «Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si los tribunales hacen lo correcto o no».
El Gobierno ha utilizado la idea de una "invasión" migratoria para justificar acciones severas, como militarizar la frontera sur y deportar a extranjeros —principalmente venezolanos— al CECOT, la megacárcel salvadoreña.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado demandas contra estas medidas, muchas de las cuales han sido respaldadas por fallos judiciales que detienen los planes del Ejecutivo.
Estas entidades han invocado el habeas corpus para bloquear tanto las deportaciones como las detenciones de activistas, incluidos estudiantes con posturas pro-palestinas.
Históricamente, EE.UU. ha suspendido esta protección solo en cuatro ocasiones: durante la Guerra Civil y la Reconstrucción, en Filipinas bajo control estadounidense y en Hawái tras el ataque a Pearl Harbor.
A pesar de las decisiones judiciales, la Administración ha continuado con las deportaciones. Uno de los casos más controvertidos es el de Kilmar Ábrego García, un migrante con estatus legal que fue deportado al CECOT a pesar de las órdenes del Tribunal Supremo y de una corte inferior que exigían su retorno.
Miller, identificado como el principal estratega detrás de la política migratoria, calificó a varios jueces federales de "activistas" y acusó a la judicatura de intentar un "golpe de Estado judicial".