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Por Óscar Quezada
PUNTA CANA. En medio del prolongado conflicto institucional entre Verón–Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey, el director distrital Ramón Antonio Ramírez (Manolito) ha sostenido una postura inquebrantable: defender los intereses de su demarcación con apego absoluto a la ley, sin ceder ante presiones políticas ni firmar acuerdos que comprometan la autonomía legalmente reconocida de su gestión.
Una de sus batallas más duras ha sido con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), al que ha reclamado de forma insistente el respeto a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Esta normativa, vigente desde diciembre de 2022, otorga a distritos con más de 15,000 habitantes —como Verón, que supera los 138,000—la facultad de crear y operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano.
Pese a cumplir todos los requisitos legales, el Mived ha rehusado aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por la Junta Distrital, paralizando más de 20 proyectos de inversión en la zona.
Reunión sin acuerdos
Recientemente, Ramírez participó en una reunión clave en la sede del Mived, en Santo Domingo, junto al ministro Carlos Bonilla, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, y el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín).
Pese a las expectativas generadas, el encuentro concluyó sin acuerdos concretos, reafirmando el estancamiento institucional que impide avanzar en la regularización de los proyectos urbanísticos en el distrito turístico.
Ramírez ha reiterado que no aceptará imposiciones ni firmará arreglos que contradigan el marco normativo vigente. Su postura ha sido respaldada por la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin), que no solo ha expresado su apoyo a Verón–Punta Cana, sino que ha llevado al Mived a los tribunales por presunto incumplimiento sistemático de la Ley 368-22.
La demanda exige una indemnización de tres mil millones de pesos por los perjuicios ocasionados a los distritos municipales que, como Verón, han visto frenado su desarrollo.
Un reclamo sostenido
Ramírez no ha dejado pasar oportunidad para exigir públicamente que el Mived cumpla con la ley. Lo ha hecho en reuniones, en entrevistas, por vías institucionales y también con respaldo técnico.
La Oficina de Planeamiento Urbano en Verón evalúa, tasa y certifica con rigurosidad cada proyecto sometido. Sin embargo, la negativa del Ministerio de la Vivienda a otorgar las cartas de no objeción ha frenado millones de dólares en inversión y ha sembrado inseguridad jurídica en el principal destino turístico del país.
El director distrital se ha rehusado a firmar, sin embargo, “acuerdos por debajo de la mesa” o pactos que desvíen el conflicto del marco legal.
El manejo del conflicto ha estado marcado por una línea clara de transparencia. Todas las decisiones tomadas por la Junta Distrital han sido documentadas, notificadas de manera formal y comunicadas tanto a Higüey como a las autoridades nacionales.
Incluso en su trato con la alcaldesa Karina Aristy, Manolito ha mantenido un tono de respeto y apertura al diálogo. Ha sostenido encuentros con ella y con otros actores de la provincia, pero siempre dejando claro que el cumplimiento irrestricto de la ley.
Una figura que proyecta autoridad sin estridencias
En un contexto marcado por presiones, tensiones partidarias y conflictos de intereses, Manolito Ramírez ha sabido ejercer su autoridad sin caer en confrontaciones personales ni polarización. Su liderazgo combina firmeza legal, claridad técnica y sobriedad política. En lugar de ruido, ofrece certezas. En lugar de ataques, presenta argumentos.
Y mientras crece la expectativa por una eventual salida “salomónica” al conflicto, lo cierto es que Ramírez ha puesto sobre la mesa una postura que ya no puede ignorarse: Verón–Punta Cana está listo para gobernarse y ordenar su territorio conforme a la ley.
Lo único que falta —y lo ha dicho sin ambages— es que el Mived haga lo mismo.
