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El reciente caso del ataque de Jean Andrés Pumarol Fernández, quien, de acuerdo con las versiones, descendió desde el quinto piso y dejó una víctima mortal y varios heridos, ha desatado un intenso debate sobre las implicaciones legales en caso de que se confirme que padece un trastorno mental.
Este caso pone de relieve cuestiones fundamentales sobre la relación entre la salud mental y el sistema judicial en la República Dominicana.
La Inimputabilidad y su Marco Legal
Según el abogado Juan Ulises de la Cruz, el Código Penal dominicano establece que una persona en estado de demencia puede ser considerada inimputable, ya que el artículo 64 indica que "cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, no hay crimen ni delito". Esto sugiere que, si se determina que Pumarol no podía comprender la naturaleza de sus acciones debido a una enfermedad mental, podría ser exonerado de responsabilidad penal.
Proceso Judicial y Evaluación de la Salud Mental
De acuerdo con De la Cruz, si se declara la inimputabilidad, el juez puede ordenar el internamiento en un centro de salud mental en lugar de imponer una pena de prisión. Esta medida busca no solo tratar la condición del individuo, sino también proteger a la sociedad de comportamientos potencialmente peligrosos. La Ley de Salud Mental No. 12-06 permite que las autoridades, basándose en evaluaciones de especialistas, decidan el tratamiento más adecuado.
El psicólogo clínico y de la salud, Larry Gómez, explicó que cuando una persona comete un hecho delictivo y se presume que tiene algún problema mental, es fundamental que sea evaluada por tres psiquiatras. Esta evaluación permitirá determinar la capacidad mental del paciente y, en función de los resultados, se tomará una decisión sobre si puede enfrentarse a la justicia.
Asimismo, manifestó que si la persona presenta una condición de salud mental, estará incapacitada para enfrentarse a la justicia, ya que su incapacidad mental impide que comprenda la naturaleza de sus actos.
Por otro lado, explicó que si la incapacidad es consecuencia del efecto de una sustancia, una vez que este efecto se disipe y el individuo esté en condiciones de ser evaluado objetivamente, podría ser considerado responsable y enfrentarse a la justicia. En este escenario, si su mente está clara y libre de sustancias activas, podría asumir la responsabilidad de sus acciones.
Gómez también destacó que, en el caso de pacientes con esquizofrenia, que es una enfermedad crónica y deteriorante, la presencia de síntomas psicóticos, alucinaciones o ideas delirantes implica que la persona estaría incapacitada de manera permanente para enfrentarse a cualquier juicio.
