Prórroga en caso Senasa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó cuatro meses adicionales al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar una acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los demás imputados en el proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud presentada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al considerar que se cumplían las condiciones establecidas para extender el plazo de la investigación.
El magistrado recordó que el proceso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025 y declarado complejo, por lo que los plazos ordinarios de investigación fueron duplicados.
Diligencias pendientes
Entre las actuaciones pendientes figuran interrogatorios a múltiples testigos, la obtención de informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- El Ministerio Público también informó que durante uno de los allanamientos fueron ocupadas alrededor de 15,000 páginas de documentos, incluyendo información de carácter médico y financiero, además de equipos electrónicos cuya información está pendiente de extracción y análisis técnico.
A esto se suma un informe de la Contraloría de la Procuraduría, para el cual se requirió un período de aproximadamente 80 días laborables.
El juez consideró que varias de estas diligencias no dependen exclusivamente del Ministerio Público, sino también de otras instituciones y organismos auxiliares de la investigación.
Prisión preventiva
El tribunal también rechazó la solicitud de variación de la prisión preventiva presentada por Rafael Luis Martínez Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, al considerar que persisten las razones que justificaron la medida.
- Los imputados son investigados por un presunto fraude contra el Estado que, según el Ministerio Público, supera los 19,000 millones de pesos y habría afectado el sistema público de riesgos de salud.
