RD registra 170 muertes en supuestos intercambios con la Policía en solo nueve meses de 2025

La República Dominicana vive en 2025 una escalada de muertes a manos de la Policía Nacional que recuerda los peores momentos de la llamada “guerra contra las drogas” de años anteriores.

Según datos recopilados por Diario Libre, en apenas nueve meses 170 personas han perdido la vida en presuntos “intercambios de disparos”, una cifra que supera con holgura las 120 registradas en todo 2024 y casi triplica las 68 de 2023.

El fenómeno coincide con la designación del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta
como director de la Policía Nacional en noviembre de 2023.

Desde entonces, las muertes en operativos policiales han aumentado cerca de 150%, rompiendo una tendencia a la baja que se mantenía desde hace años.

Ecos de 2019: la guerra contra las drogas nunca se fue Las cifras actuales evocan las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía del 2019 y 2021.

En 2019, 69 casos estuvieron vinculados al narcotráfico, mientras que en 2021 ese número
ascendió a 123 casos, un aumento del 78%. Ese periodo correspondió con un crecimiento
notable en las incautaciones: de 6,412 kilos de cocaína en 2019 a más de 19,000 en 2021,
evidenciando una probable correlación entre los intercambios de disparos y los operativos
antidrogas.

Aunque aún no hay un desglose oficial reciente que indique cuántas de las muertes policiales
del 2025 están directamente ligadas al narcotráfico, distintos casos documentados apuntan a la
misma dinámica: supuestos delincuentes asociados a venta o transporte de drogas que
terminan abatidos en “operativos”.

Un patrón que preocupa

Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad pública advierten que el
discurso de “intercambio de disparos” puede encubrir ejecuciones extrajudiciales y fallas graves
en los protocolos del uso de la fuerza.

En comparación internacional, la tasa dominicana de muertes a manos de la policía se sitúa en 1.5 por cada 100,000 habitantes, muy por encima de la estadounidense, de aproximadamente 0.36.

El aumento de muertes en supuestos ‘intercambios de disparos’ parece ser más que una
simple coincidencia: expertos en seguridad y derechos humanos señalan que estas cifras
podrían reflejar la presión de una política antidrogas que, lejos de disminuir la violencia, la
alimenta, sin mencionar la escasa eficacia que estos esfuerzos han tenido hasta ahora en
términos humanos y de salud pública.

Especialistas de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y Human Rights Watch sostienen que las políticas de “mano dura” aplicadas
en varios países de América Latina no han reducido ni el tráfico ni el consumo de drogas.

Por el contrario, argumentan que estas estrategias tienden a incrementar los enfrentamientos letales,
especialmente en comunidades empobrecidas y con poca supervisión institucional.

En ese sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Volker Türk, ha reiterado en distintos foros internacionales —incluyendo sesiones del Consejo
de Derechos Humanos en 2023 y 2024 (The “war on drugs” has failed)— que “la penalización y
la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia
relacionada con ellas.

Estas políticas sencillamente no funcionan, y estamos fallando a algunos
de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades”. Türk ha urgido a los Estados a
priorizar políticas basadas en salud pública, prevención y desarrollo social en lugar de la
represión armada, advirtiendo que los enfoques punitivos “no solo no resuelven el problema,
sino que perpetúan la violencia y el estigma”.

En la República Dominicana, las cifras del 2025, con más de 170 personas abatidas por la
policía hasta la fecha, ofrecen —según expertos locales en criminología y derechos humanos—
una señal de que se repite un patrón similar al de años anteriores: un aumento de muertes
vinculadas a la supuesta lucha contra el narcotráfico, sin que ello implique una disminución
proporcional en el tráfico de sustancias.

Para estos analistas, las políticas de represión continúan mostrando un alto costo humano, mientras los indicadores de consumo y disponibilidad de drogas permanecen prácticamente inalterados.

Entre la seguridad y el respeto a la vida

Las autoridades policiales defienden estos operativos como respuesta necesaria al crimen
organizado, especialmente al narcotráfico, pero las cifras muestran que el enfoque bélico no
detiene la violencia: la repite.

En 2019 y 2021, la presión antidrogas se tradujo en más
incautaciones, más muertos y más heridos. En 2025, el país parece querer recorrer el mismo
camino.

La República Dominicana enfrenta un dilema crítico: cómo proteger a la población de las redes
de narcotráfico sin que la lucha antidrogas se convierta en una excusa para matar.

Mientras no existan estadísticas transparentes y controles independientes, la historia del 2019 y
2021 amenaza con seguir reescribiéndose en el 2025, con nuevas víctimas y la misma
pregunta sin responder:
¿Cuántas vidas más deberán perderse como consecuencia de una guerra fallida que se
resiste a terminar? ¿Quién responderá por las vidas que esta guerra sigue cobrando?

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