El Ministerio de Interior y Policía enfrenta un duro revés político y legal tras la postura fijada ante el Tribunal Constitucional respecto al Decreto 308-06. La propia Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo admitió las fallas de la norma, dejando expuesta la falta de sustento en los cierres de comercios y operativos policiales arbitrarios. Te explicamos las consecuencias jurídicas de este fallo y el impacto en los derechos de los ciudadanos. ¿Consideras que la policía debe centrarse en perseguir la delincuencia o en fiscalizar negocios?
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