“La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política”. Daniel Lacalle

La libre competencia es una condición fundamental en una economía de mercado funcional. De no existir dicha característica, los mecanismos de configuración de precios no responderían a las leyes de oferta y demanda, por tanto, pequeños grupos de agentes económicos tendrían en sus manos la capacidad de determinar los precios, lo que acorde a la teoría económica, es una falla del mercado que afecta sensiblemente el bienestar social.

Es evidente que cuando el mercado no funciona eficientemente, ya sea por intervención estatal o por fallas inherentes a su naturaleza, se desploma su capacidad singular para generar y distribuir eficazmente las riquezas. Esto genera serias distorsiones económicas que desincentivan la inversión privada, frena las acciones productivas de los emprendedores, eleva el nivel de precios y erosiona el poder de compra de los consumidores. Todo esto se traduce en una importante reducción del nivel de vida de los ciudadanos.

De ahí se colige la relevancia vital de impulsar altos niveles de solidez institucional para garantizar un entorno de libertad económica que sea capaz de generar un ambiente de competencia entre productores, distribuidores y emprendedores en sentido general. Esto así, porque en la competencia surge el germen prolífico de la innovación, sin la cual, el progreso económico y social de los pueblos es sencillamente imposible. No en vano el egregio politólogo estadounidense, Samuel Huntington, en su libro, “Choque de Civilizaciones” analizó cómo los continuos conflictos entre naciones europeas generaron una competencia feroz que motivó a los gobernantes a ofrecer ciertas libertades que, a la vez, incentivó el desarrollo de instituciones económicas que privilegiaban la iniciativa privada, lo cual favoreció el desarrollo de tecnologías innovadoras que a la postre influyeron en la supremacía global de los pueblos del llamado viejo continente.

Ese proceso histórico es parte de una compleja serie de factores que construyeron las bases del desarrollo material del género humano, ya que, en ese ejercicio progresivo de creación de riquezas se fueron consolidando instituciones inclusivas que demostraron —como si de un axioma científico se tratara— que mayores niveles de libertad económica producen sociedades más prósperas. Por lo tanto, no es coincidencia que en el índice de libertad económica que anualmente elabora la fundación Heritage Foundation y el periódico Wall Street Journal, se observe que las naciones donde existen altos grados de apertura y libertad en el mercado son, consecuentemente, las más avanzadas. Países como Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Gran Bretaña, Canadá e Irlanda ocupan lugares preponderantes en este estudio, y a todas luces, encarnan las más altas aspiraciones de progreso y bienestar de la inmensa mayoría de los pueblos de la tierra.

Sin embargo, esta trascendental lección no ha calado en múltiples sociedades que insisten en mantener férreos controles sobre la producción y el consumo de los ciudadanos. Países como Corea del Norte y Venezuela representan ejemplos fatales de los terribles resultados de subyugar la competencia en el mercado y cercenar la libertad económica. En ambos casos, las medidas autocráticas del gobierno han ocasionado un colapso total de su estructura económica y, por consiguiente, un nivel de anomia social sin referentes a nivel internacional, lo que confirma, una vez más, que la economía de planificación central lo único que produce es pobreza, totalitarismos y marginalidad.

Esta sobradamente demostrado que el camino hacia el progreso va de la mano con el fortalecimiento de instituciones sociales que prohíjen la competencia y la innovación en un marco de libertad y democracia. En esa enseñanza reside la esperanza de un futuro mejor para todos los pueblos del mundo.

Ernesto Jiménez / El autor es economista y comunicador.