“Nuestro Sistema fiscal es una maravilla: el que tiene más paga más, y el que tiene menos también paga más”. Jaume Perich

El sistema de economía de mercado genera dinámicas naturales que determinan el curso de sucesivos períodos de aumento, estancamiento y descenso en la producción. Estas fluctuaciones del desempeño económico, a pesar de su imprevisibilidad, se han caracterizado por ser repetitivas a lo largo de la historia, por lo que, importantes estudiosos de las ciencias económicas las han bautizado con el nombre de “ciclos económicos”.

La República Dominicana se encuentra en una etapa expansiva de su ciclo económico que se refleja meridianamente a través de un vigoroso crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que en términos promedios ha rondado el 5.5 % en los últimos 10 años. Esto, unido a bajas tasas de inflación, constituye un panorama económico sumamente alentador que coadyuva al fomento de mayores niveles de desarrollo social en esta nación.

Sin embargo, no obstante el aumento sostenido de la producción nacional, este país caribeño ha sido incapaz de utilizar esas elevadas tasas de crecimiento económico para incrementar sus recaudaciones tributarias a niveles tales que posibiliten el cumplimiento de los compromisos estatales. Y en un escenario como este, la teoría económica enseña que, si un país no es capaz de financiar sus operaciones públicas a través de impuestos y aranceles, entonces debe recurrir a medios de financiamientos alternos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos, situación que, en ciencias económicas se conoce como déficit fiscal.

Dentro de los recursos alternativos que tiene el Estado dominicano para financiar su déficit, el más utilizado ha sido la emisión de deuda pública. Por esta razón, los niveles de endeudamiento se han elevado sensiblemente en los últimos años, lo cual, se puede constatar al observar que en los últimos 17 años la deuda pública consolidada (deuda total del Estado) se ha incrementado en un 850 %, hasta alcanzar el 52 % del PIB; y los presupuestos estatales de los últimos 8 años —incluyendo el proyectado para el 2019— han mostrado una disparidad negativa entre ingresos y gastos que ronda el 3.5 % del PIB. Estos datos representan un indicador irrefutable de que el Estado dominicano está dejando escapar una valiosa oportunidad para equilibrar sus finanzas públicas, y que por el contrario, mantiene una estructura fiscal que le impide aprovechar este ciclo económico positivo.

Esta realidad es más fácil de entender cuando se observan algunas de las principales características del sistema tributario nacional: La presión tributaria dominicana es de un 15 % del PIB, por debajo del promedio de América Latina (22 %) y de las más bajas de la región; además, contrario a la inmensa mayoría de las naciones desarrolladas del mundo, la estructura fiscal dominicana descansa sobre los impuestos al consumo o impuestos indirectos (64 % del total) que, aunque son más fáciles de cobrar, conllevan mayores niveles de inequidad pues cargan a todos los ciudadanos por igual, independientemente del nivel de ingresos; también se debe destacar el alto nivel de informalidad de la economía nacional (56 %) y de evasión fiscal (40 %) que, al conjugarse, deprimen peligrosamente las recaudaciones; otra característica que contrasta con naciones desarrolladas es la inestabilidad y complejidad legal de sistema tributario, lo cual ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el Fondo Monetario Internacional (FMI); y por último, una característica determinante es el gasto tributario (lo que se deja de recaudar por las exenciones y leyes de incentivo) que ronda el 14.8 %, lo que lo sitúa muy por encima del promedio regional (5 %).

Ante un contexto como el planteado anteriormente, es indudable que, de mantenerse la condición actual del sistema tributario, será irrelevante cuánto crezca la economía nacional, pues sencillamente, las recaudaciones fiscales del Estado serán insuficientes para cerrar la brecha del déficit fiscal. En consecuencia, es más que necesario realizar un gran pacto fiscal (contemplado en la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo) que permita que los sectores más determinantes de la vida nacional concierten una hoja de ruta que encauce el regresivo e ineficiente sistema impositivo nacional hacia mayores estadios de estabilidad, simplicidad, eficiencia y progresividad.

Ernesto Jiménez / El autor es economista y comunicador.