“La economía dominicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero a agosto. Esto es una consecuencia directa de las medidas restrictivas para mantener bajo control la propagación de la pandemia. Esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local”.

Esa explicación se bastaba para hacer entender la brusca caída  proyectada en los ingresos del gobierno en la ejecución presupuestaria del 2020 y en la que planifica para el 2021. Son las secuelas de la crisis económica mundial acarreada por el Covid19, que una economía como la dominicana que a lo largo de más de cincuenta años no ha hecho más  que crecer, convirtiéndose en una de las dinámicas de la región, la ha llevado a pronósticos de crecimiento negativo.

Lo que está ocasionando el derrumbe del turismo, que representa un 7% del PIB, sólo es comparable con los efectos que tuvo para la industria azucarera dominicana el desplome de los precios internacionales del dulce, descrito muy bien por periodista Miguel Guerrero en su libro “1978-1986 Crónica de una transición fallida:

“A los precios prevalecientes, por ejemplo, su industria azucarera representaba el 21 por ciento del Producto Nacional Bruto y el 60% de sus ganancias de exportación. La industria empleaba además alrededor del 60 por ciento de la mano de obra utilizada en el sector industrial del país”.

La inexperiencia y la falta de tacto político llevó al nuevo equipo económico del gobierno a querer introducir un parcho fiscal en el proyecto de presupuesto para el 2021, levantando amplias expresiones de rechazo, que el presidente Abinader se ha ocupado de contener con dos participaciones públicas (rueda de prensa improvisada y días  después un discurso), en las que rehusó de abanderarse de la crisis como realidad objetiva unificante, y decidió politizar la actual coyuntura presentando un culpable adicional de las precariedades:

“La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio.

“La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramoscosas nuevas”.

Apela a la división y a la confrontación política, y, contradictoriamente, anuncia la convocatoria del Consejo Económico y Social, para la aprobación de dos pactos que la Estrategia Nacional de Desarrollo, considera fundamentales, el eléctrico y el fiscal, el primero de ello discutido y ampliamente consensuado pero boicoteado por el Partido Revolucionario Moderno.

Faltan cuatro años para la celebración de nuevas elecciones y se administra una crisis económica que nadie puede predecir en lo que desemboque, lo ideal, durante por los menos dos años, era propiciar una tregua que uniera al liderazgo nacional en la búsqueda de soluciones, sin que eso interfiera para nada con una política efectiva de combate a la corrupción administrativa, remitiendo a la justicia todo lo que amerite de su conocimiento.

El presidente Abinader, abanderado con todos los símbolos del poder, le ha dado por destruir al principal partido opositor, desconociendo que en las circunstancias en la que gobierna el sistema de partidos es un puntal clave de la gobernanza. Es mala apuesta.