SANTO DOMINGO.- La Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó este lunes a República Dominicana en la lista de los organismos claves en materia de transparencia pública y acceso a la información.

El Departamento de Derecho Internacional de la referida organización resaltó que República Dominicana ha sobresalido en esa materia dentro de las naciones de las Américas, comunidad conformada por los países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, en la lista también fueron incluidos  Argentina,  Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad Y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La decisión de la OEA se produce luego  de que su secretario general, Luis Almagro, hiciera un llamado el pasado año a los países de la región a que sumen esfuerzos contra la corrupción, flagelo que según expresó perjudica la democracia y el desarrollo.

Según un estudio publicado el 23 de septiembre del año anterior por la ONG Transparencia Internacional, el 53 % de los ciudadanos de América Latina y el Caribe cree que la corrupción está aumentando.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) La corrupción afecta los ingresos fiscales de los gobiernos de forma significativa.

Un reporte del este organismo, divulgado en 2019  sobre la relación que existe entre la corrupción y los ingresos fiscales de los gobiernos revela que este flagelo tiene un impacto significativo en las cuentas públicas, incluso en el caso de los países con economías desarrolladas.

«Si comparas los países que son percibidos como menos corruptos con aquellos que son percibidos como más corruptos las diferencias en la proporción de ingresos como parte del Producto Interior Bruto (PIB) es de 4 puntos porcentuales.

Esa es una gran diferencia», dice Paolo Mauro, subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, en conversación con BBC Mundo.

«El ingreso fiscal promedio para América Latina es de 26,5% del PIB, por lo que un aumento de 4 puntos porcentuales es una cantidad muy grande. Imaginemos que todos los países mejoraran sustancialmente en el control de la corrupción. Eso significaría pasar de 26% a 30%, por lo que habría muchos más recursos para gastos productivos», agrega.