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La defensa de Gonzalo Castillo denunció que el Ministerio Público ha protegido intencionalmente a José Pablo Ortiz Giráldez, una figura clave en los hechos investigados, mientras fabrica elementos acusatorios para sostener un proceso penal con fines políticos.
Según Laura Acosta, abogada de Castillo, Ortiz Giráldez ha sido beneficiado con un trato preferencial a pesar de estar vinculado a operaciones ilegales relacionadas con SENASA y la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud.
Aseguró que el Ministerio Público contaba desde 2022 con pruebas de sus actividades irregulares, pero optó por no actuar, usándolo como testigo en procesos contra exfuncionarios del gobierno anterior.
"Ortiz Giráldez ha sido protegido sistemáticamente, aun cuando las evidencias indican que su rol ameritaba una investigación profunda. El Ministerio Público sabía lo que ocurría y optó por no detenerlo", sostuvo Acosta durante una audiencia en el Segundo Juzgado de la Instrucción.
La defensa denunció además que se prepararon versiones para algunos testigos antes de sus interrogatorios. Presentaron como ejemplo a Mustafá Abu Naba’a, quien, días antes de su declaración, recibió un documento con los hechos que luego repitió ante la fiscal Yeni Berenice Reynoso.
La acusación lo presenta como víctima de extorsión por parte de Castillo, sin más evidencia que su propio testimonio, lo que según los abogados podría favorecerlo en su disputa internacional contra el Estado.
"Cuando se analiza el trato a Ortiz Giráldez junto al fraude procesal cometido en la acusación contra Castillo, queda claro que el Ministerio Público no persigue la verdad, sino un resultado político", concluyó Acosta.
La defensa insiste en que el caso debe ser anulado por graves irregularidades.
