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El abogado Víctor Eddy Mateo, indicó este jueves que la presencia de las marcas blancas en los supermercados dominicanos ha alcanzado un 25%, un porcentaje muy superior al 5% que se observa en la región. Explicó que esto refleja un fenómeno que ha crecido considerablemente en el país, donde los supermercados venden productos bajo su propia marca, sin el debido registro sanitario en algunos casos.
El abogado, quien habló del tema al participar en el programa El Sol de la Mañana, resaltó que aunque los comerciantes privados tienen derecho a vender lo que deseen en sus establecimientos, aclarando que eso no violenta la Ley, asintió con el panelista Julio Martínez Pozo, de que el problema surge cuando se obliga a otras empresas a fabricar productos para ser vendidos bajo la marca de un supermercado, lo cual, según él, afecta la libre competencia y puede generar prácticas monopolísticas.
“El tema de "marcas blancas" en este país es muy viejo. ¿Ustedes saben que este país está por encima de la media de las marcas blancas o marcas privadas en la región. Por encima por mucho, de toda la región. Nosotros estamos alrededor de un 25 o 26% de marcas privadas en de de existencia en los anaqueles de los supermercados. O sea, del total de lo que se ofrece el 25% 25, 26% cuando en la región es un promedio de un 5%.”, aseguró Víctor Eddy, aclarando que las tiendas tienen el derecho a vender los productos que quieran, pero aclaró debe ser con registros.
En cuanto al proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio, Mateo explicó que se trata de una reforma necesaria para fortalecer el sistema económico del país y evitar abusos por parte de las grandes corporaciones. El proyecto, según él, busca regular de manera más estricta las fusiones empresariales y las concentraciones de mercado, estableciendo sanciones más severas para aquellos que infrinjan las leyes de competencia.
Mateo criticó la debilidad de las sanciones actuales, que no disuaden a las grandes empresas de violar las normativas. En su opinión, el proyecto de ley propuesto establece medidas adecuadas, alineadas con las mejores prácticas internacionales, para garantizar una competencia justa en el mercado.
El abogado también abordó el tema de la Ley de Compras y Contrataciones, en respuesta a una consulta sobre su alcance para los empleados públicos que proveen servicios al Estado. Explicó que, con la nueva ley, se ha restringido el acceso de estos empleados a participar como oferentes en las licitaciones del gobierno, lo cual antes era permitido en ciertos cargos.
Esta medida, según Mateo, busca evitar conflictos de interés y fomentar la transparencia en las compras públicas.
Finalmente, Mateo habló sobre una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que resolvió a favor de una joven que había sido sancionada por su colegio con la prohibición de participar en su graduación. El tribunal consideró que los derechos fundamentales de la niña debían prevalecer, subrayando que las sanciones escolares deben ser proporcionadas y respetar los derechos de los estudiantes.
Para concluir, Mateo hizo un llamado a la coherencia y transparencia en las políticas del país. Destacó que las reformas legales, como el proyecto de ley antimonopolio, son esenciales para garantizar un desarrollo económico justo, donde las grandes empresas actúen dentro de un marco de competencia equitativa.
