Condenan a seis años de prisión a alcalde de Ecuador Aquiles Álvarez
La justicia ecuatoriana sentenció este sábado, en primera instancia, a seis años y nueve meses de prisión al encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del caso denominado “Triple A”.
Álvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, también tiene otra condena de tres años de cárcel por no portar el grillete electrónico que le fue impuesto como medida cautelar dentro del caso “Triple A”.
En esta causa fueron llamados a juicio alrededor de 20 personas y empresas, procesadas por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El alcalde ya se encontraba en prisión preventiva en la denominada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, tras ser procesado también en los casos “Grillete” y “Goleada”, este último relacionado con un supuesto lavado de dinero.
Tribunal declara culpables a personas y empresas
El Ministerio Público afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso demostraron la responsabilidad penal de Álvarez, en calidad de autor directo del delito imputado.
El Tribunal determinó igualmente que Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. son responsables del delito en calidad de autores directos y les impuso la misma sentencia de seis años y nueve meses de prisión.
Durante la audiencia, los jueces también consideraron que la prueba presentada demostró la responsabilidad de otras personas naturales y de las empresas procesadas dentro del caso. Lady C., Jessenia V., Carolona T. y José C. fueron declarados cómplices y sentenciados a dos años y dos meses de prisión.
El Tribunal también declaró culpables a las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Como parte de la sentencia, las personas jurídicas fueron condenadas a la clausura y disolución por su participación en los hechos investigados.
Investigación apunta a un perjuicio millonario al Estado
La investigación del caso “Triple A” comenzó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), que alertó sobre una presunta distribución y comercialización irregular de combustibles.
De acuerdo con la investigación, estas operaciones habrían generado un perjuicio económico al Estado debido a diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
La Fiscalía calcula que el supuesto perjuicio al Estado ascendería a 61 millones 502 mil 658,39 dólares, correspondiente a 22 millones 777 mil 191,80 galones de combustible, entre diésel y gasolina.
El Ministerio Público sostiene que los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen de combustible adquirido a las empresas procesadas.
La sentencia emitida este sábado es de primera instancia, por lo que el proceso judicial aún puede continuar a través de los mecanismos de apelación establecidos por la legislación ecuatoriana.
