Te puede Interesar
Videos
Adriana Arroyo, de 21 años, fue asesinada a tiros por desconocidos cerca de su residencia en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. El ataque ocurrió la tarde del pasado viernes, y este domingo sus familiares procedieron con el sepelio en un cementerio de la ciudad. Adriana era hermana de Steven Medina, uno de los cuatro niños afrodescendientes que protagonizaron un trágico caso de violencia militar en 2024.
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que representa a la familia, se señaló que este crimen es una consecuencia directa de la grave situación de criminalidad que afecta al sector y de la falta de políticas de seguridad efectivas. La Fiscalía General del Estado ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio.
El asesinato de Adriana Arroyo revive el dolor de una tragedia que conmocionó al país hace casi un año y medio. En 2024, Steven Medina (11 años), Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14) y Saúl Arboleda (15) fueron detenidos de forma irregular por efectivos militares. Según las investigaciones judiciales, los menores fueron golpeados, torturados y posteriormente abandonados en una zona alejada de la ciudad, cerca de una base aérea.
Días después de su desaparición, los restos calcinados de los cuatro niños fueron localizados en una zona de manglar. Las autopsias revelaron que al menos tres de las víctimas presentaban impactos de bala, confirmando la brutalidad del crimen cometido tras su detención.
"Es un hecho resultado de la grave situación de criminalidad que hay en Las Malvinas y de la inexistencia de políticas de seguridad".
Por este caso de desaparición forzada y asesinato, la justicia ecuatoriana dictó sentencia en diciembre pasado contra 16 militares involucrados en el operativo irregular. Las penas impuestas oscilarán entre los 30 meses y los 34 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad en los hechos.
Los puntos más relevantes de este contexto incluyen:
El asesinato de la joven de 21 años pone nuevamente el foco sobre la protección a las víctimas y familiares de casos de violaciones a los derechos humanos en Ecuador, en un momento de alta tensión por la inseguridad ciudadana.
