Martínez Pozo sobre caso Jet Set: “Lo que hoy luce como un triunfo podría acabar en la nulidad de todo lo actuado“
El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, advirtió que la decisión del juez Franny González Castillo de variar la calificación jurídica en el caso Jet Set podría generar nuevas controversias judiciales y poner en riesgo la validez de las actuaciones procesales.
Martínez Pozo cuestionó que el juez se desapoderara del caso luego de modificar la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios con dolo eventual. A su juicio, el procedimiento podría afectar el desarrollo del juicio y dar lugar a recursos de apelación o casación.
Lo que hoy luce como un triunfo de las víctimas podría acabar en la nulidad de todo lo actuado. Cabe además un desenlace que tendría algo de ironía. El Tribunal Colegiado podría retener la competencia, rehacer el juicio completo y al final concluir que la calificación correcta era la del Ministerio Público. Se habría invertido 1 año o más en volver exactamente al punto de partida para dictar una sentencia que el juez unipersonal pudo haber dictado sin moverse de su sala.
El comunicador también defendió la actuación del Ministerio Público al mantener su calificación jurídica original, al señalar que el órgano acusador debe actuar con objetividad y sostener la posición que resulte de su investigación. Asimismo, recordó que los querellantes pueden presentar sus propias acusaciones y recurrir de manera independiente al Ministerio Público.
Otro de los aspectos que destacó fue la posible afectación a la imparcialidad del nuevo tribunal colegiado, debido a que sus integrantes recibirían una resolución en la que el juez anterior ya habría valorado elementos relacionados con la responsabilidad de los imputados. Según su planteamiento, esta situación podría generar cuestionamientos sobre la independencia de los magistrados que conocerán nuevamente el expediente.
Martínez Pozo también alertó sobre las consecuencias que podría tener la repetición del juicio en los plazos procesales. Recordó que el artículo 150 del Código Procesal Penal establece un plazo máximo de duración del proceso de cuatro años y que, si se cumplen las condiciones legales para la extinción de la acción penal, el vencimiento de ese período podría impedir que el caso continúe.
El coordinador concluyó que el tribunal colegiado podría celebrar nuevamente el juicio y llegar a la misma calificación jurídica que sostuvo originalmente el Ministerio Público, después de meses de actuaciones judiciales. Además, cuestionó las razones que llevaron al juez a tomar esa decisión y expresó preocupación por la incertidumbre sobre el rumbo que seguirá el proceso.
