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El ciudadano dominicano César Emilio Peralta, conocido como "el Abusador", presentó una demanda civil por 7 millones de dólares contra el gobierno estadounidense y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico, alegando que se han vulnerado sus derechos constitucionales debido a la falta de atención médica adecuada durante su reclusión.
Peralta, identificado como líder de una red de narcotráfico a gran escala en el Caribe, fue arrestado en Colombia en 2019 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2021. Las autoridades federales lo habían clasificado como un CPOT (Objetivo Prioritario de la Organización) desde 2017. "Es comparable a lo que era 'el Chapo'", dijo Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal adjunto en San Juan, añadiendo que su red era una de las más activas en el tráfico de drogas hacia EE.UU.
Desde su extradición, Peralta ha enfrentado varios procesos judiciales en los que se ha declarado culpable de delitos relacionados con la importación de cocaína. Sin embargo, sus sentencias han sido aplazadas repetidamente por razones no divulgadas públicamente, debido al carácter confidencial de las mociones presentadas.
Durante ese tiempo, ha manifestado en múltiples ocasiones que no ha recibido atención médica para sus condiciones de salud preexistentes. Alegó lo mismo en una audiencia en 2022 y reiteró su denuncia en diciembre de 2024, lo que lo llevó a formalizar su reclamo ante el tribunal.
La demanda fue presentada contra el exalcaide del MDC y varios funcionarios de la institución, acusándolos de "indiferencia deliberada" hacia su salud, y solicitando "tratamiento médico inmediato y adecuado". Los abogados también solicitaron medidas cautelares urgentes, aunque estas fueron rechazadas por la jueza federal Camille Vélez Rivé.
En su fallo, Vélez Rivé argumentó que Peralta no proporcionó pruebas sólidas que respaldaran sus acusaciones y que no había seguido el procedimiento administrativo obligatorio dentro del sistema penitenciario. “El demandante afirma que los funcionarios de MDC Guaynabo se negaron a procesar sus solicitudes de tratamiento y que estas fueron ignoradas, pero no indica qué funcionarios se negaron a procesarlas ni cuáles fueron las quejas que supuestamente fueron ignoradas”, sostuvo la jueza.
También subrayó que no se habían presentado precedentes legales que justificaran omitir los procesos internos antes de acudir a los tribunales. “Como delincuente convicto bajo la custodia del BoP, no puede tener un médico ni recibir el tratamiento médico de su elección”, añadió.
No obstante, el equipo legal de Peralta apeló la decisión y acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston. La parte demandada tiene hasta el 27 de mayo para responder a la moción de apelación.
