Charpentier rechaza negociar con bandas haitianas: exige desarme y justicia
El presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, manifestó su rechazo a cualquier intento de negociación con las bandas armadas que operan en Haití, al considerar que sus integrantes deben rendirse, entregar las armas y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.
Charpentier afirmó que estas organizaciones criminales han provocado un profundo sufrimiento entre las familias haitianas, por lo que entiende que la recuperación de la paz debe estar acompañada de justicia para las víctimas.
El dirigente sostuvo que no se puede establecer un proceso de diálogo con personas señaladas por cometer numerosos delitos contra la población, sin que antes asuman su responsabilidad ante las autoridades.
Cuestiona propuestas de diálogo de las pandillas
Charpentier calificó como una maniobra política los intentos de los líderes de las bandas criminales de impulsar negociaciones, al considerar que buscan aliviar la presión que actualmente enfrentan.
En ese sentido, insistió en que cualquier solución a la crisis de seguridad debe comenzar con el desarme de estos grupos y el sometimiento de sus integrantes a la justicia.
Espera resultados de las operaciones internacionales
Pese a sus cuestionamientos, el representante de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados expresó su esperanza de que las recientes acciones internacionales contra las organizaciones criminales contribuyan a mejorar la situación de seguridad en Haití.
No obstante, reconoció que todavía es prematuro determinar si estas operaciones lograrán erradicar las pandillas que mantienen bajo amenaza a numerosas comunidades.
Charpentier consideró que el respaldo manifestado por sectores de la población haitiana a estas intervenciones representa una oportunidad para avanzar hacia la recuperación del orden y la estabilidad.
Finalmente, reiteró que Haití necesita restablecer la seguridad ciudadana, fortalecer sus instituciones y garantizar que los responsables de los hechos criminales respondan ante la justicia, como parte de una solución duradera a la crisis que afecta al vecino país.
