


La abogada Wendy Lora aseguró este martes que en el proceso judicial contra el general Julio Camilo de los Santos Viola no se ha presentado una sola prueba que demuestre la desaparición de fondos de inteligencia, pese a que el Ministerio Público solicita hasta 20 años de prisión y el decomiso de bienes, incluyendo propiedades de familiares.
Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Lora explicó que el caso se encuentra en su fase final, con las conclusiones ya depositadas y a la espera de que el tribunal emita su decisión en las próximas audiencias.
La jurista sostuvo que, a lo largo del juicio —en el que han participado más de 350 testigos y peritos—, no se ha podido demostrar que los fondos de inteligencia asignados al CUSEP hayan sido sustraídos. Indicó que el principal sustento de la acusación proviene de un informe de la Cámara de Cuentas que señala la falta de soportes documentales, pero aclaró que esto responde a la naturaleza confidencial de esos recursos.
Explicó que dichos fondos están protegidos por normativas de seguridad nacional, lo que impide detallar públicamente su uso, incluyendo pagos a informantes o operaciones sensibles. En ese sentido, afirmó que incluso las propias autoridades reconocieron que no podían ofrecer esa información.

Lora calificó como “arbitraria” la inclusión de seis miembros de la familia del general en el proceso, señalando que se pretende incautar bienes adquiridos décadas antes de los hechos investigados. Mencionó casos como propiedades familiares que datan de los años 80 y 90, así como viviendas de suegros y otros allegados.
Otro de los puntos destacados por la abogada fue que el manejo de los fondos de inteligencia no dependía directamente del general Viola, sino que seguía un procedimiento institucional: los recursos eran solicitados por el director, emitidos mediante cheque a nombre del subdirector y luego endosados.
Aseguró que ese mismo esquema se utilizaba antes, durante y después de la gestión de su defendido, lo que, a su juicio, evidencia que no se trata de una actuación individual irregular.








