Diez imputados admiten hechos en caso SeNaSa, según el MP
Diez de las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público en el presunto entramado de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó este miércoles la procuradora de corte Mirna Ortiz.
“En la noche de hoy, el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, declaró Ortiz a periodistas a la salida del tribunal.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que el Ministerio Público presentó una investigación respaldada por cientos de elementos de prueba y solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los 26 imputados, además de que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La audiencia fue aplazada por el juez Rigoberto Sena para este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, luego de que el Ministerio Público presentara sus argumentos y conclusiones.
Ortiz también sostuvo que el proceso está relacionado con una afectación al derecho a la salud de los afiliados de SeNaSa y no únicamente con la sustracción de recursos públicos.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud”, afirmó durante la audiencia.
La procuradora agregó: “Cuando analicemos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones; se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”.
Como sustento de la solicitud de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó 483 elementos de prueba, entre ellos 234 pruebas documentales, 91 pruebas materiales, 82 documentos procesales y 76 pruebas periciales.
El órgano acusador atribuye a los 26 imputados su presunta participación en un esquema de corrupción administrativa que habría utilizado distintas maniobras para sustraer fondos públicos vinculados a SeNaSa. Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostuvo que la investigación ha permitido identificar presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer recursos.
La solicitud fue presentada por el equipo de fiscales encabezado por Mirna Ortiz y el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución. También participan en la representación del Ministerio Público el procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
La Operación Cobra 2.0-A constituye una segunda etapa del proceso iniciado con la Operación Cobra, mediante la cual fueron arrestados el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros implicados en el caso.
