


Melitón Cordero, exjefe local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, fue condecorado con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero el 11 de septiembre de 2024, mediante el decreto 520-24 por el presidente Luis Abinader. Sin embargo, hasta el jueves 12 de febrero se desempeñaba como supervisor de dicha división, cuando fue arrestado en Washington, D.C..
Cordero fue detenido bajo acusaciones federales de presuntamente encabezar un esquema de sobornos y fraude de visas que habría operado desde la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.
El reconocimiento le fue otorgado por convertirse en el primer dominicano en ocupar la posición de supervisor de la DEA en la República Dominicana.
Antes de ingresar a la DEA, el exagente se identificaba como comerciante. En el país, ocupó el cargo durante los últimos seis años.
Cordero nació en San Francisco de Macorís en 1978 y actualmente tiene 47 años. Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, habría aprovechado la posición de “confianza especial” que ocupaba para agilizar de manera ilícita trámites migratorios a cambio de dinero.
La acusación, encabezada por la fiscal Jeanine Ferris Pirro, sostiene que durante su asignación en República Dominicana tramitó al menos 119 solicitudes de visa en un período de seis años, recibiendo miles de dólares en efectivo para facilitar la aprobación de visados de no inmigrante.
Extraoficialmente se informó que el decreto fue dejado sin efecto este fin de semana.
La pesquisa involucra a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Newark y Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.
Tras el arresto, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo y calificó el caso como una "violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública", al tiempo que anunció una revisión interna.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmó la reubicación del personal asignado al país. Tanto la Embajada como la agencia señalaron que las acusaciones contra Cordero no representan al resto de sus funcionarios.
A su vez, el canciller dominicano Roberto Álvarez informó que conversó con la embajadora y precisó que se trata de una investigación interna de la misión diplomática, indicando que no existen señales de participación de funcionarios del Gobierno dominicano.
Las autoridades dominicanas no guardan relación con las denuncias que han motivado la revisión anunciada por la DEA, al tratarse de un asunto interno de la agencia estadounidense.
Se ha indicado que el proceso de evaluación y eventual determinación de responsabilidades corresponde a los mecanismos institucionales de EE. UU., sin que hasta ahora exista señalamiento alguno contra organismos ni funcionarios locales.







