Félix Bautista propone ley contra el trabajo forzoso para reducir arancel de EE. UU.

El senador por San Juan, Félix Bautista, sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías y bienes producidos mediante trabajo forzoso, con el objetivo de crear las condiciones legales para que el país negocie con Estados Unidos una reducción del arancel adicional aplicado a las exportaciones dominicanas.
La iniciativa busca que la República Dominicana pueda solicitar que la tasa atribuida a la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos disminuya de un 12.5 % a un 10 %, equiparándose con países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia.
Según las estimaciones presentadas por Bautista, el sector exportador dominicano podría ahorrar hasta US$182 millones anuales, equivalentes a aproximadamente RD$10,920 millones bajo el tipo de cambio utilizado en su análisis.
Proyecto busca establecer un marco jurídico vinculante
La propuesta lleva por nombre Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso y pretende establecer un marco legal que permita identificar, retener y prohibir la entrada al país de productos elaborados total o parcialmente bajo esas condiciones.
De acuerdo con el legislador, aunque el Decreto 502-26, del 23 de julio de 2026, estableció un procedimiento administrativo transitorio sobre esta materia, el país necesita una legislación permanente que responda al estándar de “adopción y aplicación eficaz” requerido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Bautista también solicitó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno, que instruya a los legisladores de esa organización para facilitar la aprobación de la iniciativa en el menor tiempo posible.
“El diferencial de 2.5 puntos porcentuales que paga la República Dominicana frente a otros países no es un castigo permanente, sino una condición que puede revertirse mediante la aprobación de un instrumento legal claro”, manifestó el congresista.
El senador sostuvo que, después de aprobarse la normativa, el Gobierno dominicano estaría en condiciones de iniciar negociaciones diplomáticas con Estados Unidos para solicitar la eliminación de ese diferencial arancelario.
Advierte sobre pérdida de competitividad
Bautista puso como ejemplo el sector de dispositivos médicos y farmacéuticos, uno de los principales componentes de las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense.
Según los datos presentados por el legislador, en las zonas francas operan alrededor de 40 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos, las cuales exportaron hacia Estados Unidos el 72.2 % de su producción durante 2025.
Explicó que, mientras los productos fabricados en México pagarían un arancel del 10 %, las mercancías dominicanas similares enfrentarían una tasa del 12.5 %, creando una diferencia que podría afectar su competitividad.
El senador advirtió que esa desventaja podría incentivar el traslado de algunas operaciones hacia México u otros países con menores costos de entrada al mercado estadounidense, lo que tendría efectos sobre la generación de divisas y los empleos vinculados con las zonas francas dominicanas.
La reducción también beneficiaría, según su planteamiento, a los productores y exportadores de tabaco, agroindustria, bebidas alcohólicas, plásticos, calzado, servicios de centros de llamadas y productos farmacéuticos.
“El propósito es asegurar la competitividad de las exportaciones dominicanas y proteger los empleos de cientos de miles de trabajadores vinculados directa o indirectamente con estos sectores”, expresó Bautista.
Ahorro estimado de hasta US$182 millones
El análisis presentado por el congresista establece que la diferencia de 2.5 puntos porcentuales podría representar un costo anual de entre US$127 millones y US$182 millones para los exportadores dominicanos.
En consecuencia, reducir la tasa del 12.5 % al 10 % supondría un ahorro máximo estimado de US$182 millones al año para las empresas que colocan sus productos en Estados Unidos.
La cifra de RD$10,920 millones señalada por el legislador resulta de convertir US$182 millones utilizando una tasa de RD$60 por dólar: US$182 millones multiplicados por RD$60 equivalen a RD$10,920 millones.
Según Bautista, ese ahorro tendría un impacto directo sobre los costos de exportación, la capacidad de competir con otros países y la permanencia de empresas internacionales instaladas en territorio dominicano.
La propuesta contempla sanciones y controles aduaneros
El proyecto establece que la Dirección General de Aduanas sería responsable de tramitar los procedimientos y adoptar las decisiones relacionadas con la prohibición de mercancías, mientras que el Ministerio de Trabajo actuaría como autoridad técnica para determinar la posible existencia de trabajo forzoso.
También dispone que los importadores deberán incluir en la Declaración Única Aduanera una declaración jurada sobre su conocimiento razonable de la existencia o no de trabajo forzoso en la elaboración de las mercancías importadas.
El procedimiento administrativo tendría una duración máxima de 90 días hábiles, ampliable hasta 100 días mediante prórrogas. Dentro de ese período se otorgarían 15 días al importador para presentar sus argumentos, 45 días al Ministerio de Trabajo para preparar su informe técnico y 15 días a la DGA para emitir su decisión.
Cuando el informe del Ministerio de Trabajo concluya que existió trabajo forzoso, su dictamen sería vinculante para Aduanas. En caso de que determine lo contrario, la DGA solo podría apartarse de esa conclusión mediante evidencia independiente suficiente y una decisión debidamente motivada.
La legislación permitiría, además, la retención temporal de mercancías por un máximo de 45 días hábiles, prorrogables por otros 30 días. Si la medida fuera levantada sin una determinación de trabajo forzoso, el importador tendría derecho a reclamar una indemnización.
Registro público y multas por declaraciones falsas
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso, accesible a través de internet, aunque con mecanismos de reserva destinados a proteger la identidad de las víctimas y la información comercial confidencial.
También contempla un procedimiento para levantar una prohibición cuando se demuestre el cese del trabajo forzoso, la reparación de las víctimas y la adopción de medidas estructurales para evitar que las prácticas se repitan.
Las personas o empresas que presenten declaraciones falsas podrían recibir multas de entre cinco y 100 salarios mínimos del sector público, además de la suspensión de su registro como importador por períodos de seis meses a dos años en los casos considerados más graves.
El proyecto incorpora igualmente obligaciones reforzadas de debida diligencia y trazabilidad para los exportadores dominicanos que operan en sectores considerados de riesgo, como el textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción.
La normativa derogaría el Decreto 502-26 cuando entre en vigor su reglamento y comenzaría a aplicarse 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Bautista dará seguimiento en el Congreso
El senador anunció que dará seguimiento al proyecto en las comisiones correspondientes del Senado y la Cámara de Diputados, además de sostener encuentros con representantes de las zonas francas y los sectores exportadores.
También procurará reuniones con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bautista considera que la aprobación de la legislación permitiría al país presentar ante las autoridades estadounidenses un marco jurídico comparable con el adoptado por los socios comerciales que consiguieron una tasa del 10 %.
El congresista afirmó que la finalidad de la propuesta es reducir los costos de exportación, preservar la inversión instalada y evitar que el diferencial arancelario provoque la pérdida de empresas, empleos y divisas para la economía dominicana.
Palabras clave: Félix Bautista, trabajo forzoso, exportaciones dominicanas, Sección 301, aranceles de Estados Unidos.











