Hombre mientras es deportado en Puerto Rico. Foto/fuente externa
El gobierno de Puerto Rico defendió este viernes la entrega de información personal de inmigrantes sin estatus migratorio definido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), argumentando que actuó en cumplimiento de una citación judicial emitida por autoridades federales.
La solicitud fue tramitada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división de ICE, mediante un subpoena, mecanismo legal que obliga a las agencias a entregar información específica. En este caso, la documentación fue facilitada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
“Hay que cumplir con ese requerimiento porque ya hemos visto, y es de público conocimiento, las sanciones que han recibido algunos de los estados que se han negado a cooperar con políticas públicas de la administración actual del presidente Donald Trump. Así que nosotros, no tan solo por seguir el cumplimiento con la ley federal, que es entregar esa información cuando viene solicitada por los canales correctos en la forma de un ‘subpoena’, sino también que hemos querido cooperar con la política pública del presidente para asegurar que Puerto Rico mantenga el acceso a todos los fondos federales que Puerto Rico recibe”, dijo Hiram José Torres Montalvo, secretario general del Partido Nuevo Progresista.
Desde 2013, más de 5,000 inmigrantes sin estatus regular han obtenido licencias de conducir en Puerto Rico bajo la Ley 97, que permite este beneficio. La lista de estas personas fue solicitada por ICE a inicios de 2017, coincidiendo con el segundo mandato del entonces presidente Trump, conocido por endurecer las políticas migratorias y acelerar procesos de deportación.
La medida ha generado fuertes críticas de organizaciones sociales y sectores políticos que cuestionan la entrega de datos sensibles a agencias federales, especialmente en el contexto de una población migrante vulnerable. Sin embargo, el Ejecutivo reiteró que como territorio estadounidense, Puerto Rico está obligado a acatar el marco legal federal.
Las autoridades enfatizaron además que el DTOP no mantiene convenios directos con ICE y que cualquier intercambio de información se realiza exclusivamente a través de los mecanismos legales establecidos, en este caso, por la vía de su División Legal.
