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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrentará este lunes el inicio de un juicio por el presunto delito de trata agravada de personas, en un caso que ha provocado una fuerte controversia política y judicial en el país sudamericano.
La audiencia está pautada para desarrollarse en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, mientras la defensa del exmandatario adelantó que no asistirá al proceso alegando supuestas irregularidades en las notificaciones oficiales.
El proceso judicial gira en torno a las acusaciones del Ministerio Público boliviano, que señala a Morales de haber sostenido presuntamente una relación con una menor de edad durante el tiempo en que ocupaba la Presidencia de Bolivia entre 2006 y 2019.
Según la investigación, de esa relación habría nacido una hija en el año 2016, hecho que sustenta parte de la acusación presentada por la Fiscalía y que ahora será debatido en un juicio oral considerado uno de los más delicados de la política boliviana reciente.
Las autoridades judiciales confirmaron que todas las formalidades legales fueron cumplidas para dar apertura al juicio, incluyendo las notificaciones emitidas mediante edictos tanto al exgobernante como a otra persona de sexo femenino también vinculada al expediente.
Sin embargo, el equipo legal de Morales insiste en que el líder político no recibió una notificación personal adecuada, razón por la que consideran inválida la convocatoria judicial y sostienen que el proceso responde a motivaciones políticas.
El abogado Wilfredo Chávez, integrante de la defensa del exmandatario, afirmó que no participarán en la audiencia judicial debido a que, según explicó, no conocen formalmente los detalles del proceso en las condiciones que exige la ley boliviana.
El jurista sostuvo que la acusación constituye una presunta “persecución política” impulsada en medio de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
De acuerdo con Chávez, el caso busca desviar la atención pública de las recientes protestas sindicales y los conflictos registrados en diferentes regiones del país. El abogado también aseguró que las autoridades han intentado utilizar el proceso judicial para afectar políticamente a Morales, quien mantiene una fuerte influencia sobre sectores sindicales y campesinos bolivianos.
Mientras tanto, el expresidente continúa refugiado políticamente en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión sindical y político. Desde octubre de 2024, Morales permanece en esa región luego de que la Fiscalía activara una orden de captura en su contra.
La Policía boliviana no logró ejecutar la detención debido a bloqueos organizados por sus seguidores, quienes durante 24 días impidieron el acceso de las fuerzas de seguridad a la zona.
La Fiscalía de Tarija informó recientemente que cuenta con más de 170 pruebas documentales y testimoniales para sustentar la acusación contra Evo Morales durante el juicio oral. El Ministerio Público presentó formalmente la acusación en octubre del año pasado y sostiene que existen suficientes elementos para llevar al exgobernante ante la justicia boliviana.
A principios de 2025, un tribunal declaró en rebeldía a Morales luego de que no acudiera en dos ocasiones a audiencias judiciales relacionadas con el caso. En aquel momento, el político argumentó problemas de salud para justificar su ausencia, aunque las autoridades mantuvieron vigente la orden de captura en su contra.
En los últimos días, Morales evitó referirse directamente al avance judicial del caso, aunque utilizó sus redes sociales para denunciar que las acusaciones forman parte de una estrategia para criminalizarlo políticamente.
El exmandatario aseguró que no busca impunidad y pidió una justicia “imparcial, honesta y autónoma del poder político”, además de exigir que sus acusadores presenten pruebas reales sobre los delitos que se le atribuyen.
