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El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, consideró necesario que el Poder Judicial cuente con mecanismos de comunicación para explicar y defender públicamente las decisiones de los jueces, ante los frecuentes cuestionamientos que reciben por parte del Ministerio Público y sectores sociales.
Durante una entrevista en el programa Radio Legal, transmitido por Rumba 98.5 FM, De la Rosa lamentó que, en ocasiones, los jueces “no tienen ni siquiera la protección de su presidente”, refiriéndose al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.
A su juicio, cuando una decisión judicial no favorece las pretensiones del Ministerio Público, “los fiscales tienen la facilidad de poder comunicar, porque no les está vedado como al juez, que se manifiesta a través de una decisión judicial. Lo que popularmente se conoce como que los jueces hablan por sentencias”.
Añadió que, si bien los fiscales cumplen con su rol al investigar, perseguir y solicitar medidas coercitivas, muchas veces, al salir de las audiencias, “responden a los medios y terminan cuestionando la decisión del juez más allá de lo que argumentan en apelación”, lo que se convierte en un ataque personal al magistrado.
De la Rosa propuso que el Poder Judicial establezca un sistema institucional que permita “desglosar las motivaciones de las sentencias”, para que la ciudadanía conozca por qué se adoptó una decisión determinada. “La decisión fue fundamentada sobre esta base”, ejemplificó, en referencia a cómo debería comunicarse una sentencia.
Sobre el caso de la jueza Fátima Veloz, recientemente objeto de críticas públicas por su fallo en una audiencia de medida de coerción, De la Rosa expresó su respaldo. “Le dimos un espaldarazo precisamente porque fue objeto de ataques ante una decisión contemplada en la norma”.
Finalmente, advirtió que, cuando el Ministerio Público solicita prisión preventiva por un hecho que solo tiene una pena máxima de dos años, como en el caso de un homicidio involuntario, “pedir 18 meses es prácticamente equiparar a lo que podría ser la pena” y eso podría considerarse una forma de “anticipar una condena”.
