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El coordinador y comentarista de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó este lunes que el conflicto que generó la paralización de labores realizada por jueces y servidores judiciales continúa latente y consideró que no habrá una solución real si el presidente Luis Abinader no interviene directamente en el proceso.
El analista aseguró que el presidente de la República no puede mantenerse al margen de la situación, debido al impacto institucional y político que genera el conflicto.
“No es verdad que el presidente no debe intervenir. Si el presidente no interviene, no hay solución de ese problema”, afirmó Martínez Pozo.
El comunicador explicó que cualquier posible indexación salarial o ajuste presupuestario para el Poder Judicial depende finalmente de decisiones políticas que involucran al Poder Ejecutivo y al presupuesto complementario del Estado.
Durante su comentario en el programa, Martínez Pozo sostuvo que las conversaciones impulsadas hasta el momento por el Consejo del Poder Judicial no pueden considerarse un diálogo formal, debido a que, según explicó, no han participado representantes legítimos del colectivo de jueces y servidores judiciales que encabezan las protestas.
El comunicador indicó que el diálogo requiere interlocutores representativos y soluciones concretas a las demandas planteadas por el sector judicial.
“No se pueden confundir las conversaciones con el diálogo”, expresó al cuestionar la forma en que el Consejo del Poder Judicial ha manejado el conflicto.
Martínez Pozo señaló además que los jueces y servidores judiciales rechazaron públicamente como “fructífera” una reunión sostenida recientemente con algunos magistrados, alegando que quienes participaron acudieron a título personal y no en representación del movimiento judicial.
Martínez Pozo advirtió que la paralización judicial no solo afecta al sistema de justicia, sino también la imagen del Gobierno ante la opinión pública.
“Esa huelga sí tiene un mensaje para el gobierno”, expresó durante su análisis.
Asimismo, llamó a que se construya un diálogo “más amplio” y con garantías reales para evitar que el conflicto continúe escalando dentro del sistema judicial dominicano.
