Martínez Pozo cuestiona pago millonario de la CAASD a favor de AAA Dominicana tras perder arbitraje y analiza propuesta sobre subsidios
El comunicador Julio Martínez Pozo analizó la exposición del ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, sobre la situación económica del país y llamó la atención sobre la necesidad de revisar la focalización de los subsidios generalizados, al tiempo que cuestionó el impacto económico que tendrá para el Estado un laudo arbitral que obliga a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) a pagar a Triple A Dominicana S.A más 1000 millones de pesos
Durante su comentario, Martínez Pozo destacó los datos presentados por Díaz sobre el desempeño de la economía dominicana, entre ellos el crecimiento de las exportaciones, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y la fortaleza del sistema financiero.
Sin embargo, el comunicador se detuvo en la advertencia del ministro sobre el aumento del subsidio a los combustibles, que podría alcanzar alrededor de RD$50,000 millones durante 2026 si continúan las presiones internacionales.
Martínez Pozo explicó que Díaz planteó revisar los subsidios generalizados debido a que, según los datos expuestos, los sectores de mayores ingresos reciben una proporción importante de estos beneficios por sus niveles de consumo.
El analista señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en quién recibe un subsidio, sino en cómo se diseñan estos mecanismos y en la necesidad de identificar correctamente a los beneficiarios para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan.
Cuestiona decisión de rescindir contrato con Triple A Dominicana
En otro punto de su análisis, Julio Martínez Pozo se refirió al laudo arbitral relacionado con la controversia entre la CAASD y Triple A Dominicana S.A., empresa que tenía un contrato vinculado a la instalación de medidores y gestión de cobros del servicio de agua.
El comunicador explicó que, según su interpretación del caso, cuando la administración decidió rescindir el contrato quedaban aproximadamente 10 meses de vigencia, por lo que consideró que una alternativa pudo haber sido esperar el vencimiento del acuerdo o negociar una salida que evitara un conflicto legal.
- Martínez Pozo indicó que el laudo definitivo ordena a la CAASD pagar más de RD$352 millones por facturas pendientes, además de intereses y otros conceptos derivados del proceso arbitral que alcanzan más de 1,000 millones de pesos.
“Sin embargo, se le sugirió, no sé si desde el gobierno o yo no sé de dónde, llevar esto a al arbitraje y llevar esto a un litis. Bueno, el Estado dominicano perdió la litis, este es el laudo definitivo y ahora hay que buscar 1000 millones de pesos y a los 1000 millones de pesos se le agregan 7 millones de pesos todos los meses”, dijo Julio Martínez
También señaló que, de acuerdo con lo expuesto, la decisión de llevar el conflicto a arbitraje terminó generando una obligación económica mayor para el Estado, al tratarse de una decisión que ya cuenta con carácter definitivo.
- El comunicador sostuvo que estos casos deben servir como referencia sobre la importancia de evaluar cuidadosamente las decisiones contractuales del Estado para evitar costos adicionales que finalmente impactan los recursos públicos.
